Maria Eugenia Arrizabalaga

09 mar. De entrada: culpable

La pasada semana seguí, en la medida de lo posible, los interrogatorios de la Fiscalía a algunos de los líderes catalanes acusados por rebelión en el Tribunal Supremo. Supuso un interesante ejercicio; interesante, sobre todo, ver hacer el ridículo más intenso a los distintos fiscales preguntando sobre cuestiones solo existentes en la particular versión de lo ocurrido en Catalunya que recreó la Guardia Civil en sus atestados. Versión que la Fiscalía –y los jueces de instrucción y los partidos  constitucionalistas, etc.– han hecho suya. Muy interesante, además, por haber podido ser testigo de la dignidad democrática con la que Turull, Rull, Sánchez y Cuixart fueron respondiendo a los despropósitos de la Fiscalía.

La Fiscalía, acusaba. Los presos políticos, se defendían. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Marchena –al que loaba Cosidó en su whatsapp- sentenciará. Y a saber qué sentenciará pero, probablemente, la cuestión acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Mientras tanto, los medios de comunicación españoles traslucían el agobio por el intenso ridículo al que se vio sometido el sistema policial, fiscal, judicial y político español, retransmitido en directo “urbi et orbi”. Durante esta semana, esos mismos medios han aplaudido las versiones cínicas de la policía, según las cuales fueron los votantes quienes ejercieron violencia el 1-O y no la Guardia Civil.

Mientras, aquí, en Euskadi, la Fiscalía ha concluido su investigación sobre las irregularidades de la OPE de Osakidetza. La Fiscalía considera que hay indicios de delito de revelación de secretos y ha remitido sus conclusiones al Juzgado “a fin de que se investiguen los hechos” y se determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Evidentemente, no pretendo un paralelismo entre las conclusiones de la Fiscalía sobre la OPE y la actuación de la Fiscalía contra el Procés soberanista. Solo que, visto cómo reaccionaron en cascada, primero ELA y luego EH Bildu, Podemos y el PP al conocer el informe, atribuyendo “constataciones” donde el fiscal habla de “indicios”, no pude evitar la imagen de Pablo Casado diciendo que hay que ilegalizar a la ANC y a Omnium “porque hay motivos” y otros tantos despropósitos. Ni para unos, ni para los otros, existe la presunción de inocencia. Y mira que la presunción de inocencia ha sido uno de los principales logros democráticos de nuestra evolución social.

No es nada nueva, qué va, esa actitud en determinados partidos políticos vascos. Hace un par de semanas, la Audiencia de Araba ha sobreseído la causa penal del llamado “caso Hiriko”. Pero en su día tuvimos que escuchar cosas como que “el PNV debe asumir la evidenciade que se ha demostradoque también está salpicado por casos de corrupción” –Garrido, del PP– o que los del PNV “nos hemos dedicadoa saquear las arcas públicas” y “a llevarnosel dinero calentito” –López de Muniain, de Bildu–, etc.,etc. Por no hablar de que este es el último de los casos del fiscal Izaguirre que decae, por ahora, en su obsesiva cruzada anti-PNV.

Tampoco pretendo decir que la acusación que ahora promueve la Fiscalía en torno a las supuestas filtraciones de la OPE de Osakidetza sea lo mismo que estos casos que acabo de citar. El que tenga que juzgar, juzgará. Por ahora hay tres jefes de servicio de Osakidetza imputados, y como dijo el consejero Jon Darpón, todavía “no hay hechos probados” y “si llega a haberlos, se hará lo que marque la ley”. Pero sí pretendo poner en evidencia el juego político de sindicatos y partidos que saltándose a la torera pruebas y evidencias, presunciones de inocencia y garantías administrativas y procesales, se dedican a poner en la picota a nuestras instituciones, a nuestros gestores, a nuestros servicios públicos y a nuestro partido. Supongo que el sufrimiento que durante años provocan esas posiciones sobre las personas imputadas y sus familias lo considerarán un daño colateral asumible ante el objetivo que comparten: desgastar al PNV y sacar rédito electoral promoviendo juicios mediáticos paralelos en los que las acusaciones –cuanto más exageradas y dramatizadas, mejor– se entremezclan con medias verdades e interpretaciones interesadas de lo que haya o no ocurrido en cada caso.

Centrémonos en la cuestión de la OPE de Osakidetza. Desde el momento en que se denunciaron las irregularidades en algunos de los procesos selectivos en los que han participado 72.000 aspirantes, el Departamento de Salud, con el consejero Jon Darpón a la cabeza, se puso a investigar lo sucedido con total transparencia, dando cuenta en el Parlamento, colaborando con el Ararteko y con la Fiscalía. Osakidetza ha ido tomando medidas, siempre en base a hechos comprobados, actuando con respeto hacia las 1.200 personas que han conformado los 86 Tribunales, no dejándose llevar por el ruido político y mediático, salvaguardando los derechos de los opositores, respetando los procedimientos y la presunción de inocencia de todas las personas, y dando cuenta de todo lo actuado y de las medidas adoptadas, a los grupos parlamentarios y a la opinión pública, y trasladando toda la información a la Fiscalía antes de que esta se la requiriera. El Departamento de Salud y el consejero han  asumido la necesidad de mejorar el sistema para futuras OPEs, la Directora General de Osakidetza, Mª Jesús Múgica, se vio obligada a dimitir para que lo sucedido “no condicionara políticamente al Gobierno Vasco” y en enero Juan Carlos Soto dejó de ser Director de Recursos Humanos.

Es bastante lógico pensar que el informe de Fiscalía por el que se imputa a tres Jefes de Servicio de Osakidetza –funcionarios, no políticos–, a tres de los 1.200 profesionales que han tomado parte en los procesos selectivos, se haya basado, también, en la información que el propio Departamento le ha ido trasladando. Sin embargo, en cuanto se han conocido las conclusiones del fiscal, y sin esperar a que ningún juez haya juzgado, ELA ha querido ver “la prueba” de un “sistema corrupto con la cobertura de Osakidetza”. Acto seguido, EH Bildu ha afirmado que “las prácticas corruptas pasan factura”, Podemos ha subido el tono diciendo que el consejero “ha mentido para salvar su pellejo” y el PP ha puesto la guinda pidiendo también su cese “para no seguir arrastrando el buen nombre de Osakidetza”. Yo más bien estimo que a ELA, EH Bildu, Podemos y PP poco les importan, desgraciadamente, la verdad y el buen nombre de Osakidetza y que, una vez más, lo único que tienen en mente es ejercer esa clase de oposición muy “al estilo hispano”, a garrotazo limpio, pero no como en la pintura de Goya de uno contra otro sino en sentido unívoco: todos contra Darpón.

Por cierto, a todos ellos se les ha pasado por alto un párrafo del informe del fiscal en el cual viene a decir que el procedimiento “funcionó bien en algunas especialidades” pero que en otras “permitió” la filtración de exámenes. El sistema era el mismo en todos los casos -consensuado previamente con los sindicatos, por cierto- de modo que ¿lo ocurrido es culpa “del sistema”, o en todo caso, de determinados Jefes de Servicio que, presuntamente, no hicieron honor ni a su puesto ni a la cláusula de  confidencialidad que habían firmado? Aunque todo es susceptible de mejora, como ha reconocido públicamente el consejero, no parece fácil imaginar algún procedimiento que garantice al 100% la exclusión de ese riesgo.  Por cierto, una pregunta que me atosiga desde el principio: ¿por qué callan los restantes 1197 profesionales de Osakidetza que han conformado lostribunales y que no han sido imputados por fiscalía?

No comparto la deriva de este estilo político-sindical, que pretende extender en la opinión colectiva que cualquiera, de entrada, es culpable. Es la contrapolítica, lo que destruye la política y la desacredita. Así pues, defiendo la integridad, la profesionalidad y la honestidad del consejero Jon Darpón. Es más, creo que el sentido de responsabilidad política y social le obliga a mantenerse en su puesto.