Maria Eugenia Arrizabalaga

06 dic. Alerta: retórica progre y centralista

El Covid-19 no solo ha puesto al pairo nuestra salud y nuestra economía, existe otra faceta que viene acompañando incesantemente el ruido mediático y político en torno a la pandemia. Mientras la derecha española carga las tintas en la supuesta traición del tándem Sánchez-Iglesias al modelo de Estado establecido en la Constitución Española a cuenta de los acuerdos presupuestarios con EH Bildu y ERC, lo cierto es que la corriente de fondo puede que esté yendo en el sentido contrario: en el sentido de una deslegitimación larvada del modelo del Estado descentralizado. Desde el inicio de la pandemia son incesantes los mensajes que, a nivel de Estado, se proyectan para denunciar la descoordinación de las políticas sanitarias, socio-sanitarias, educativas y últimamente fiscales de lo que en numerosas ocasiones estamos oyendo llamar “reinos de taifas” en referencia a las Comunidades Autónomas.

Son multitud las voces de “expertos” que vienen acusando de opacidad en los datos y de descoordinación en las medidas a la gestión de servicios básicos en el Estado. Lo que traducen en la denuncia de un alto nivel de ineficacia en la lucha contra el Covid  y, más allá del virus,  en la acusación de que el modelo de Estado descentralizado aboca a desigualdades y políticas no equitativas “entre españoles”. Estas opiniones buscan calar en la opinión pública y no son, en absoluto, patrimonio exclusivo de la derecha española. Al contrario, la izquierda española resulta muy receptiva a este tipo de mensajes, eso sí, revistiéndolos de aparentes valores “republicanos” –la igualdad de derechos, la equidad, el valor de la unidad en la lucha contra la pandemia, la solidaridad, etc.–. “No hay patria sin pueblo” acaba de afirmar Podemos, y estamos de acuerdo, solo que su patria y su pueblo son la patria y el pueblo español y no coinciden con nuestra patria y nuestro pueblo.

La izquierda española sabe ser, y de hecho lo ha demostrado en cantidad de ocasiones, tan o más centralista que la derecha española. El jacobinismo siempre ha sido medular en la izquierda española y dudamos mucho de que los aparentes movimientos de acercamiento político a las dos fuerzas políticas que están siendo agitados por los partidos de la derecha para atacar al Gobierno español responden a dos cuestiones: una, coyuntural, la necesidad de aprobar los presupuestos del Estado y garantizar la pervivencia de Pedro Sánchez en el poder, y la otra, más estructural, amarrar a ERC y neutralizar definitivamente el procés catalán. Otra cuestión es que, por lo que parece, las dos opciones políticas más a la izquierda en la cuestión vasca o catalana parezcan haberse venido arriba en lo de “la unión de las izquierdas” más que en la diferenciación nacional. Eso sí, en base a alardes retóricos que van desde considerar que la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado supone la llave hacia la República Vasca, según Arnaldo Otegi, hasta la inauguración de la “nueva era” de Gabriel Rufián. Ahí es nada.

La retórica lo puede adornar todo, pero lo cierto es que no deja de resultar sorprendente esa capacidad que se arrogan las fuerzas políticas que se consideran muy de izquierdas y mucho de izquierdas para virar sus postulados, a conveniencia, como unos 180 grados. Y aún más sorprendente resulta el que lo puedan hacer sin que, aparentemente, les suponga ningún costo político. Al contrario, hasta puede que lo rentabilicen pillando votos de un “entorno Podemos” menguante en Euskadi y Catalunya y, en última instancia, marcando ruta a esa lógica recién estrenada por la que los más turbo-independentistas se imaginan gobernando comunidades autónomas valiéndose del apoyo del jacobinismo español, eso sí, mediante sobredosis de la palabra mágica que lo cura todo: “progresista”. Los gestos y las palabras tienen su valor, el problema radica en conocer cuál es, en concreto, ese valor.

Por ejemplo, ¿cuál es el valor que ha llevado esta misma semana a EH Bildu a acordar con Podemos en Juntas Generales de Gipuzkoa un referéndum a nivel del Estado para elegir el modelo de la Jefatura del Estado español? Es decir, que la inmensa mayoría de los vascos y vascas consideremos que la monarquía española no tiene un pase, ¿hace bueno que una fuerza política que lleva a gala ser independentista avale la Jefatura del Estado español, aunque sea republicana? ¿De qué han valido al euskara y al Pueblo Vasco 231 años de régimen muy republicano francés en Iparralde? Esto no va de república o de monarquía, sino de reconocimiento nacional.

Otro ejemplo, ¿cuál es el valor concreto de la aprobación del Presupuesto del Estado en la consecución de la República Vasca? Era necesario un nuevo Presupuesto. Ahora bien, el recién aprobado tiene, prácticamente, un único valor novedoso: la inclusión de las ayudas a fondo perdido del Fondo Europeo Next Generation, cuestión que no es pequeña ya que suponen unos 27.000 millones. En lo demás, el presupuesto resulta ser continuista. Lo que ocurre con esos 27.000 millones es que el Gobierno del Estado los ha preasignado a sus Ministerios en partidas más o menos genéricas, sin que ninguno de los grupos del Congreso –ni el PNV, ni EH Bildu, ni ERC, ni ningún otro– los hayan podido enmendar. La indefinición sobre cómo se van a aplicar, sobre cómo se van a repartir los fondos que se dirigen a  las comunidades autónomas y sobre a qué proyectos y/o políticas concretas está pensando el Gobierno español dedicarlos, es casi total. Es decir, un presupuesto “clave para la República Vasca” deja a la sola voluntad política del Gobierno de España la disposición de los Fondos Europeos y nos aboca a la espera de que, incursos a la categoría general de “comunidades autónomas”, los Ministerios nos vayan llamando a Comisiones Sectoriales en concurrencia con “las demás CCAA” para poder defender nuestras posiciones. Por supuesto, a ese ejercicio, le llamarán “cogobernanza” y añadirán que “unidos” se afronta mejor la crisis del Covid. Es así como todos hemos aprobado los Presupuestos del Estado, fiándolo a voluntades políticas posteriores y partiendo de la base de que no había alternativa mejor. Pero, hombre, que no nos vendan retóricas de mercadillo, porque no cuelan y porque se aviene mal que “tumbar el régimen” equivalga a aprobar una partida de 1.285 millones de euros a ADIF para el Tren de Alta Velocidad.

Todavía ha resultado ser más sorprendente el logro de ERC en la negociación presupuestaria. Que la aplicación de la política fiscal de la comunidad autónoma de Madrid, de la mano del PP, ha venido convirtiendo a la capital de España en una suerte de paraíso fiscal y en un polo de atracción de empresas, capitales y grandes fortunas lo hemos venido denunciando en muchas ocasiones. Si, ya de por sí, el diseño del Estado ha sido siempre radial y centrípeto, el que en Madrid no haya que pagar Impuesto de Patrimonio o el que los tipos más altos del IRPF sean “especialmente amables”, ha establecido una evidente competencia desleal a nivel fiscal con el resto. Pero que, quien hace tres años, escribía aquello de “las 155 monedas de plata” se congratule ahora de que haya propiciado el que el Estado recentralice la capacidad fiscal de las comunidades autónomas de régimen general, entre las que está Catalunya, suena realmente paradójico. Cuando menos si ERC hubiera recuperado la reclamación que hacía Artur Mas en 2011 de un Concierto Económico para Catalunya, tendría un pase. Pero bueno, reconozcamos la gran flexibilidad de ERC para acomodarse a los tiempos.

Ya iremos viendo en qué afecta a nuestros regímenes fiscales forales la evolución progresista de la armonización fiscal española. Del mismo modo que veremos hasta qué punto atiende el Estado eso que llaman “la singularidad” vasca a la hora  asignación de los Fondos Europeos, o en que se traduce el famoso diagnóstico de la supuesta “ineficacia” provocada por la “descoordinación autonómica”. Pero no nos fiemos demasiado del significado que dan en Madrid a la expresión “progresista” y estemos alerta a lo que nos venden, no vaya a ser que a una gran inflación de la retórica le acompañe una aún mayor devaluación de la realidad. Desde luego, el PNV va a tener trabajo a la hora de defender los intereses generales, los derechos históricos y el autogobierno de este Pueblo. No estaría de más que, más allá de la retórica, EH Bildu remara en la misma dirección.