Maria Eugenia Arrizabalaga

02 nov. Artículo 2

Por cuarta vez en cuatro años estamos ante unas elecciones generales, lo cual ya de por sí da muestra del fundamento de la política española, y con la agravante de que Pedro Sánchez nos ha arrastrado a unas nuevas elecciones porque la mayoría que se le ofrecía “no le hubiera dejado dormir”. Podemos “no le hubiera dejado dormir” los días pares y, no lo olvidemos, el apoyo que ERC le brindaba, a mi modo de ver con cierta carga implícita de cinismo oportunista –“ahora podemos apoyar a Pedro Sánchez, pero cuando llegue la sentencia, lo tendremos difícil”–, tampoco los días impares. Pero ni siquiera el CIS de Tezanos acerca a Sánchez a la mayoría absoluta y se abre el interrogante de qué fórmula estará barajando el Presidente en funciones: ¿a partir del día 10 habrán cambiando tanto las cosas como para que Podemos ya no le quite el sueño o preferirá una derecha que ha bajado decibelios desde abril? Según Idoia Mendia si Pedro Sánchez hubiera tenido interés en pactar con la derecha “ahora mismo sería presidente”, “no habría habido transferencias a Euskadi” y “Chivite no sería presidenta”. Teniendo en cuenta la de veces que Pedro Sánchez exigió en el Pleno de investidura la abstención del PP y de Cs, y que hasta la fecha lo único que hay sobre transferencias es un calendario, parece razonable mantener la duda a pesar de que Chivite sea presidenta.

En esto de la campaña, por ahora, el PSOE ha demostrado un par de cosas. Una, el descaro con el que hace electoralismo valiéndose de su posición en el gobierno del Estado, tanto  que hasta la Junta Electoral Central, primero le ha hecho retirar el vídeo que, por supuesto, con dinero público proclamaba que “España es la casa de todos” y después ha abierto expediente a Sánchez por usar La Moncloa y su web para hacerse propaganda electoral; y, la segunda, que la “plurinacionalidad” y el “federalismo” son elementos de quita y pon para el Partido Socialista Obrero Español: básicamente, el cebo para que los votantes del PSC no se alejen demasiado del anzuelo de Pedro Sánchez. Suena duro, y, sin embargo, no es fácil sacar una conclusión más amable del hecho de que el martes por la noche el programa del PSOE ni siquiera hiciera referencias genéricas de apoyo al autogobierno y al día siguiente, en palabras tomadas del titular de El País, “las presiones” del PSC hayan obligado a incluir en el programa socialista “guiños al federalismo”. Guiños aparte, ¿qué es el federalismo para el PSOE? Pues el propio Pedro Sánchez lo ha definido: “la propuesta de avanzar en la España federal y plurinacional termina en el artículo 2 de la Constitución”. Ya estamos con el artículo 2, piedra angular de todo lo que se mueve en España: “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

En España se invoca el artículo 2 para sustentar el concepto de “soberanía nacional”, por supuesto, esa soberanía de la única nación que reconoce el nacionalismo español. El artículo 2 enmarca el Estado de las Autonomías, justifica el incumplimiento de los Estatutos, o su cepillado, avala la recentralización, lamina las competencias asumidas, niega el derecho de autodeterminación y la existencia misma de las naciones vasca y catalana. Además, ese artículo 2, adquiere para “los constitucionalistas”, sean de izquierdas o de derechas, un significado metajurídico: la “indisoluble unidad” es un categórico que limita el concepto de democracia, que se asimila al principio de legalidad, que justifica la endeblez de la separación de poderes y que, llegado el caso, relativiza los derechos y libertades fundamentales. Toda la acción de los Poderes del Estado con respecto a Cataluña durante los últimos años, desde la aplicación del 155 hasta los excesos policiales de estos días, pasando por los informes de los servicios de inteligencia, las instrucciones judiciales manipuladas, las acusaciones inquisitoriales de la Fiscalía o la misma sentencia del TS, lo demuestra. De hecho, el artículo 2 de la Constitución les basta a los “constitucionalistas” para serlo, el resto de los artículos son instrumentales. Todo empieza y termina en el artículo 2, el que erige España como Estado-nación. Pero como señaló el histórico dirigente del PNV, Xabier de Landaburu en su libro “La causa del Pueblo Vasco”, “el federalismo no tiene más enemigo que el Estado-nación –que es lo contrario de la nación-Estado– y sus consecuencias imperialistas. Esas consecuencias van desde la negación de la personalidad humana en provecho del Estado, hasta la expansión ilícita, interior y exterior, del Estado en perjuicio de las demás colectividades de dentro o fuera.” Landaburu nos ofreció, hace ya 63 años, la clave para entender los justos términos del “federalismo” de Pedro Sánchez.

El PP de Casado, por su parte, plantea un “Plan España” que consiste, según ha expuesto, en “el reforzamiento del Estado para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley”. Y añade que el PP pondrá para ello “todos los recursos económicos que hagan falta”. Es ocioso insistir en que, también en este caso, “la Constitución y la ley” equivalen al artículo 2, interpretado en este caso con esa mandíbula enhiesta y cuartelera que la derecha española exhibe últimamente en sus fotos. Es así como el PP pretende hacer frente “al desafío territorial” que implica, en palabras de Casado, la reivindicación del pueblo catalán de su derecho democrático a decidir. Es verdad que el artículo 2 da más miedo en boca de Casado que de Sánchez, pero en ambos casos se trata del mismo artículo 2. Y es verdad que la mandíbula del PP es más cuartelera, pero a desfachatez antidemocrática es difícil ganar a la vicepresidenta Carmen Calvo que no solo ha amenazado con “tomar medidas” contra el Gobierno de Bélgica si los tribunales belgas no acceden a la entrega de Puigdemont, sino que ha anunciado dos acuerdos del Consejo de Ministros: uno, para controlar “con urgencia” la información de los servidores de internet, como en China y Turquía, y el otro para pedir al Tribunal Constitucional que actúe, con el Código Penal en la mano, contra la Mesa del Parlamento catalán por haber dado cauce a un debate sobre el derecho de autodeterminación. ¿Dónde queda el principio de la separación de poderes?, ¿y el derecho a la libertad de información?, ¿y el de la libertad de expresión?, ¿y el derecho a la libertad ideológica?, ¿y el principio de soberanía de los parlamentos democráticos? Pues todos ellos, derechos que tienen sus respectivos artículos constitucionales, todos, avasallados por el artículo 2.

No nos engañemos, esto no va solo de Catalunya. Esa interpretación, más propia de Estados autoritarios en los que la democracia es solo cosmética que de un sistema democrático, en la que “la indisoluble  unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” se convierte en el núcleo del pensamiento y de la acción del Estado, también está formulada, perfeccionada y preparada para ser aplicada, exactamente igual, contra Euskadi. Solo basta que en algún momento rocemos el nivel de tolerancia del Estado, un nivel cada día más menguante. Y, ¿qué puede pasar si, pongamos por caso, el artículo 2 se convierte en el catalizador de los pactos postelectorales? Son muchas las voces que desde la derecha española, y ante lo que consideran “desafío territorial”, están tentando a Sánchez.

Nuestra amenaza no es en ningún caso Catalunya. La amenaza a nuestros derechos colectivos y también a los individuales, la amenaza a nuestro autogobierno y, desde luego, a nuestro objetivo político último –me gusta cómo lo expresó José Antonio Agirre en un mitin que ofreció en Donostia en 1932: “nosotros admitimos un condicionamiento de nuestros derechos pero nuestro derecho es total, es pleno: es la libertad”–, esa amenaza, es el artículo 2. Votemos en consecuencia, votemos para poner coto a la extralimitación de su aplicación, votemos por nuestra dignidad, votemos por la democracia, votemos por el derecho a decidir de las naciones sin Estado, votemos por Euskadi. Votemos EAJ-PNV.