Maria Eugenia Arrizabalaga

10 jul. De Jaizkibel a Cap de Creus

El sábado pasado, participamos en la iniciativa de Gure Esku Dago a favor del derecho a decidir. Mientras a nuestra espalda una magnífica puesta de sol iba apagando el día, fuimos encendiendo luces en el alto del Jaizkibel; y esas luces eran replicadas en las cimas de otros montes que se perdían en la lejanía de Nafarroa, hasta llegar al otro lado del Pirineo. Luces que, en palabras de Amaiur Alvarez, portavoz de Gure Esku Dago, iluminan “el camino hacia la libertad y la soberanía” de los Pueblos vasco y catalán.

Aquella misma mañana, como cada 2 de julio, habíamos celebrado el Pleno Itinerante de las Juntas Generales de Gipuzkoa; esta vez, en Tolosa. En su discurso solemne, el presidente Xabier Ezeizabarrena se refirió al derecho a decidir en términos de democracia. Habló de Escocia y del principio aceptado de “la devolución de poderes”, raíz del referéndum de 2014 en el que los escoces, democráticamente –y no sin haber sido manipulados con la amenaza de que la independencia les dejaría fuera de la Unión Europea– decidieron continuar en el Reino Unido. Ahora, cuando  el Parlamento escocés reclama la convocatoria de un nuevo referéndum de autodeterminación, Ezeizabarrena quiso dejar sentado que el “Devolution” escocés es un principio político y democrático equivalente a los Derechos Históricos del Pueblo Vasco.

A esos efectos carece de sentido ese argumento tan español de que la diferencia entre Escocia y Euskadi –y Catalunya– radica en que allí cabe la posibilidad de una interpretación política de una Constitución no escrita, mientras que aquí debemos sumisión a una Constitución escrita –que, por cierto, dice “amparar y respetar” esos mismos Derechos Históricos–. Pues no, la diferencia no está en la naturaleza escrita o no escrita de las constituciones, la gran diferencia está en la falta de calidad democrática de España.

No sé si Escocia logrará convocar un nuevo referéndum en 2023. Muchos confían en que lo haga. Y yo espero que así sea, a pesar de que un Boris Johnson noqueado respondiera que “no es el momento”. Pero lo que está claro es que el referéndum de 2014 estableció un precedente que ya no es posible obviar.

El discurso del Ezeizabarrena provocó la reacción inmediata del Partido Socialista. José Ignacio Asensio –no sé si en calidad de diputado foral o de secretario general del PSE en Gipuzkoa– salió con lo del famoso “raca-raca” y lo del no menos famoso “monotema”. Ambos conceptos son utilizados habitualmente por los socialistas para descalificar y ridiculizar al PNV cuando salimos en defensa del principio democrático y del derecho a decidir. El PSOE no se corta: en cuanto un representante institucional del PNV argumenta lo que cualquier demócrata, solo por serlo, debería considerar indiscutible –que el pueblo decida democráticamente su futuro– se cree con derecho a caricaturizar.

La pregunta es por qué creen que les asiste ese derecho. Desde luego, no deriva del hecho de que la Constitución española esté escrita en papel. Previsiblemente, ese tipo de reacción proviene más de esa inveterada actitud impositiva de la que los españoles identitarios siempre han hecho gala –da igual el tiempo histórico, el régimen político vigente o la sigla a la que pertenezcan–. Y cuidado, que lo de “identitario” nada tiene que ver con una visión etnicista, sino con la adscripción a una u otra identidad nacional. En este caso, a la que tiene la sartén por el mango, la española: la identidad nacional que dispone de Estado, la amparada por el entramado jurídico, la única visible en dnis y pasaportes. De forma que quienes no nos reconocemos en la identidad nacional española quedamos relegados a la vecindad expresada en el padrón municipal y, además, nos tenemos que callar, que molestamos.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, lo expresó muy bien en la carta que remitió hace pocas semanas al ya cuasi-dimitido Johnson. Venía a decir que cualquier demócrata debe reconocer que es inaceptable bloquear a la mayoría parlamentaria escocesa que reclama un referéndum.

La aseveración de Sturgeon contrasta con la respuesta dada por el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, al ser interrogado por el Nuevo Estatus, cuyas bases y principios fueron aprobados por una amplísima mayoría del Parlamento Vasco: “de hablar, habría que hablar de reforma del Estatuto, no de cuestiones que no están recogidas en el ordenamiento jurídico”.

Es decir, no hay empacho en bloquear a la mayoría parlamentaria vasca que reclama un nuevo modelo de relación con España. Y, además, se hace bajo la falacia de la inmutabilidad de la ley –la ley siempre puede cambiarse– En definitiva, parecen preferir la ley impuesta a la que da cauce a la voluntad del Pueblo.

A más a más, preguntado, no ya por el Nuevo Estatus, sino por el Estatuto de siempre, el de toda la vida, el que lleva 42 años incumplido y el que Pedro Sánchez prometió cumplir –con calendario y todo– hace ya casi cuatro años, Itxaso respondió “no voy a jugar a alimentar insatisfacciones artificiales”. No deja de ser paradójico que un defensor a ultranza de la legalidad sea tan displicente en el cumplimiento de la ley.

Recapitulemos: según el PSOE, no deberíamos reclamar el derecho a decidir porque es un “raca-raca”; no deberíamos reclamar un nuevo estatus de naturaleza confederal con España porque no quieren adaptar la ley a la mayoría democrática de esta parte de Euskadi; y, para terminar, tampoco deberíamos dar importancia al incumplimiento del Estatuto de Gernika porque resultaría ser una insatisfacción artificial.

En 1980, ante la visita a Euskadi del presidente del Gobierno español, Adolfo Suarez, los ayuntamientos vascos paralizaron su actividad para protestar porque no se había acordado el desarrollo del Estatuto de Gernika. Durante los años siguientes, se desbloquearon el Concierto e importantes competencias fueron asumidas por el Gobierno Vasco. Pero, en 2022, más de 30 competencias, entre ellas la gestión de la Seguridad Social, siguen bloqueadas por Moncloa.

No es que la insatisfacción sea artificial, más bien resulta ser estructural. Al igual que es estructural la total falta de respeto de todos los Gobierno españoles, uno tras otro, hacia el Estatuto Vasco. De ahí que el PNV defienda la necesidad de dar un vuelco a la situación y cambiar el esquema de relación con España, mediante la actualización de los derechos históricos –bien entendidos como “devolución” del ámbito de soberanía originario de los territorios vascos–. Se trata de establecer una nueva relación de igual a igual, con carácter confederal, a través de la institucionalización del derecho a decidir del Pueblo Vasco.

Hablando de fueros vascos: durante el siglo XIX, en España, sucesivas leyes fueron cercenando el sistema propio de libertades vascas. Eso sí, se hizo bajo la cínica apariencia de “confirmación” de los Fueros… “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía española”. Todo ello provocó numerosas reacciones por parte de quienes creían defender los fueros vascos y, en última instancia, la de Sabino Arana. El fundador del PNV supo salir de una dinámica abocada a la completa asimilación del Pueblo Vasco. Y lo hizo reivindicando que Euzkadi era un sujeto político propio y diferenciado, y fijando como objetivo político la creación de un Estado propio vasco. Con ese fin fundó el Partido Nacionalista Vasco.

Porque, como señalaba FJ Landaburu en pleno franquismo, “los fueristas cometieron un profundo error de doctrina y de táctica al admitir fácilmente que el Gobierno central podía reformar las constituciones vascas. (…) Al fuerismo le faltaba el fermento nacional.” Ese fermento nacional es lo que nos trajo Sabino Arana, y está residenciado en el abertzalismo del PNV. Y se mantiene en la lógica que expresaba Landaburu: “Los vascos han sido maestros durante siglos en el arte del compromiso. Transigir, sin embargo, no es renunciar (…) Los vascos son dueños de sus destinos, poseen lo que se ha llamado derecho de autodeterminación y pueden elegir, en función de ella y sin restricciones, el camino de su porvenir colectivo”.

No prevemos que el camino sea corto ni fácil, pero lo haremos. Lo que necesitamos para avanzar en ese camino es un pueblo consciente de su identidad y de su derecho, no una sociedad asimilada culturalmente y narcotizada en la doctrina de la “pluri-identidad de la globalización”. Y lo digo porque últimamente hay quienes también participan en actos como el de iluminar cimas de montes mientras, usando palabras de Landaburu, cometen “el profundo error de doctrina y de táctica” de admitir públicamente, como ha hecho Arnaldo Otegi –de la mano de Gemma Zabaleta, Javier Madrazo y otros “españoles de sentimiento nacional”–, que “pensábamos que para ser independentista había que ser abertzale, y no”.

Solo hay una forma de entender esa novación política: si como nos ha querido vender Otegi, “no hace falta ser abertzale para ser independentista” será porque en la neo-lengua de la izquierda vasca el término “independentista” equivale a “izquierdas variadas, incluso de adscripción identitaria española, deseosas de desplazar al PNV”, punto. Y para nada son lo mismo. Al contrario, todos los que creemos en este Pueblo y su derecho a decidir, deberíamos empeñarnos en hacer pedagogía abertzale.