Maria Eugenia Arrizabalaga

13 may. De pensiones, pan y pasteles

El domingo 29 de abril, Eneko Etxeberria, alcalde de Azpetia por EHBildu, Juantxo Iturria, portavoz de Podemos en Juntas Generales, y Jon Albizu, procurador en Juntas por EHBildu, publicaron, en comandita, un artículo titulado “Gipuzkoa no quiere pasteles, quiere pan”.

“Empezamos mal”, pensé al leer su primera frase: “Las últimas semanas estamos viendo con asombro como miles de pensionistas han salido a las calles de nuestros pueblos y ciudades ante la indignación que produce una ridícula subida del 1,6% pactada entre PNV y PP”.

Empezamos mal porque resulta imposible que “las últimas semanas” se hubieran producido concentraciones contra una subida de pensiones pactada tres días antes de publicarse el artículo; subida que, por otra parte, nadie preveía que se fuera a lograr.

Empezamos mal porque tachan de “ridícula” una subida que ellos mismos -tanto Podemos como EHBildu- aprobaron solicitar, el 22 de enero, en el Parlamento Navarro y, el 1 de marzo, en el Parlamento Vasco: el incremento de las pensiones según el IPC. El mismo incremento que, hace unos meses, Podemos reivindicaba en una proposición de ley que presentó en el Congreso y el Gobierno de Rajoy vetó.

Empezamos mal porque, el pasado 20 de febrero, Maddalen Iriarte (portavoz de EHBildu en el Parlamento Vasco) presentó públicamente una iniciativa «para que el Gobierno Vasco complementase las pensiones hasta el IPC» –esa misma que ahora resulta “ridícula”–, aun siendo consciente de que el Gobierno Vasco no es competente en pensiones en tanto que no se produzca la transferencia, siempre reclamada y siempre negada por Madrid.

Empezamos mal porque a los que suscriben el artículo, EHBildu y Podemos, se les nota el “descoloque” que les ha provocado lo logrado por el PNV justo cuando empezaban a pensar que podrían manejar la marea de protestas legítimas de las personas jubiladas vascas como arma política contra el PNV.

Empezamos mal porque, el 1 de marzo, para EHBildu y Podemos era “urgente” que el Gobierno Vasco pagara, de los impuestos de la ciudadanía vasca, el incremento del IPC (que estimaban en un 1,1%) para “superar una situación insultante de subida del 0,25%” y, sin embargo, el 29 de abril –logrado el acuerdo- consideran “ridícula” una subida del 1,6%.

Empezamos mal… porque se les ve el plumero.

Y terminamos mal.

Terminamos mal porque los autores pretenden ponerse la venda antes de la herida, y previendo la respuesta mental que puede provocar su alegato -“a los que nos acusen de populismo”, advierten-, recurren a una de esas salidas simplonas y manidas que obvian las limitaciones que impone la realidad; hacen “una propuesta muy sencilla: revertir la reforma fiscal del impuesto de patrimonio en Gipuzkoa que impulsó la derecha de PNV-PP con el vergonzoso apoyo del PSE”. Con los “números” que ellos mismos hacen, concluyen que la reforma que se está tramitando supondrá una merma de 7,7 millones de euros en la recaudación; abogan por mantener el impuesto de Bildu y destinar esos supuestos 7,7 millones de euros a “a complementar las pensiones de nuestra ciudadanía”. ¡Problema resuelto!

Dejémonos de disquisiciones y pasemos por alto el error de cálculo: tomemos esos 7,7 millones para “complementar las pensiones” de los gipuzkoanos. En Gipuzkoa, hay 186.376 pensionistas (datos de marzo), con una pensión media de 1.133 euros. ¿7,7 millones entre 186.376 pensionistas? ¡41 euros para cada uno… al año! Esos son los números de la “solución que no es populista”.

Es decir, los mismos que ofrecen un incremento medio, en el mejor de los casos, de 41 euros al año por pensionista, se atreven a calificar de “ridícula” la subida del 1’6%, lo que supone 253’8 euros más al año por pensionista con 14 pagas de 1.133 euros de media –cálculo sobre la pensión media publicada de Gipuzkoa-, exigencia del PNV al Gobierno Rajoy.

Y digo “en el mejor de los casos” porque Etxeberria, Iturria y Albizu, en nombre de la Justicia Social, asumen el riesgo de que los contribuyentes del Impuesto de Grandes Fortunas se marchen del Territorio -“debemos decirles que sí, que es posible que se vayan, que existe un riesgo”, dicen-. Y lo asumen obviando, una vez más, la realidad: que esos contribuyentes tienen todas las facilidades que les da el dinero para irse de Gipuzkoa; que, con su marcha, también se van los impuestos que pagan en sus sociedades o en sus IRPFs; y que, consecuentemente,  Gipuzkoa tendría menos dinero para destinar a políticas sociales. ¿Es Justicia Social o es demagogia?

No soy “mariantonietista”, y no comparto aquello que dicen que dijo la que fuera reina de los franceses -“¿No tienen pan? ¡Que coman pasteles!”-; lo que pretendo es que todos los gipuzkoanos coman pan y que, además, coman pasteles cuando así lo consideren. Y eso no es ser “derecha”; eso es procurar que ninguno de los platos que bailan en la pista de la política se rompa y acabemos sin pasteles y sin pan.