Maria Eugenia Arrizabalaga

08 jun. Esperpento en el supremo

El pasado martes el Tribunal Supremo del Reino de España funcionó a todo gas. Ese día pudimos escuchar boquiabiertos los alegatos de los cuatro fiscales de la Sala II contra los líderes soberanistas catalanes, y cuando creíamos que nuestra capacidad de asombro ante lo escandaloso de sus argumentos había llegado al límite, llegó el auto de la Sala III suspendiendo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Dejemos a un lado los avatares que viene sufriendo el gobierno  de Pedro Sánchez desde que a los quince días de ser nombrado presidente anunció el desalojo “inminente” del dictador de su mausoleo, esperando que su labor de gobierno tenga mejor acierto en otros temas, y centrémonos en la intención. Lo cierto es que los relatores de la ONU calificaron la permanencia de Franco en el Valle de los Caídos como “una anomalía internacional”, anomalía que lleva produciéndose cuarenta y tres años, y que en el Congreso se ha aprobado un par de veces la propuesta de “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco”. Por cierto, junto con lo anterior, también se votó a favor de “la exhumación de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación”, y de esto último se habla menos. En todo caso, lo importante es que el Valle de los Caídos, es desde su construcción la mayor fosa común del Estado, y que los restos de 33.872 soldados de los tres bandos de la guerra –republicanos, fascistas y los que defendieron las causas vasca y catalana– conforman, entremezclados, parte de la estructura de un edificio indigno. Edificio construido a la medida de la megalomanía y de los gustos del dictador y convertido en mausoleo de las dos figuras más representativas del fascismo español. Todo ello con financiación pública y siendo parte de Patrimonio Nacional. No cabe duda de que en la Europa democrática, “Spain is different”.

La cosa es que los planes del Gobierno español han sido truncados una vez más –y van varias desde julio del pasado año- esta vez por el TS, que sin atender aún al fondo del asunto, ha dictado una resolución por unanimidad de los cinco jueces de su Sala III, accediendo a la petición de la familia y suspendiendo la exhumación. Lo increíble es el literal del  razonamiento en el que basan su decisión. Considera el TS que no suspender el desalojo provocaría “un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco”. No es fácil imaginar qué “grave trastorno” para qué “intereses públicos” habrán imaginado los cinco magistrados. No lo es para nadie que considere que el concepto “democracia” y el de “interés público” van de la mano. Con lo que se puede llegar a la conclusión de que en la alta magistratura española, y sin que  nadie, salvo excepciones, se haya inquietado demasiado por ello, el Poder Judicial español lleva dando cobijo, durante más de cuatro décadas de “democracia constitucional”, a mucho nostálgico del régimen.

La anterior conclusión adquiere fuerza si se sigue leyendo la resolución judicial: “el hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento en 1975 atribuye a la controversia unos rasgos especiales”. Es decir, el Tribunal Supremo español considera legítimo Jefe del Estado a un golpista que se levantó en armas contra la República española iniciando una guerra que produjo centenares de miles de víctimas, que impuso una represión que llenó de muertos las cunetas, que llevó a la ruina y al hambre y que mantuvo un régimen dictatorial que anuló los derechos y las libertades individuales y políticas durante 40 años. Por no hablar de lo que supuso para Euskadi. Y, además, lo considera Jefe del Estado cuando aún quedaban dos años y medio de guerra: el 1 de octubre de 1936 fueron los altos mandos militares sublevados quienes nombraron “Jefe del Estado” a Franco. Y durante el franquismo todos los 1 de octubre fueron el “Día del Caudillo”.

Los jueces del Supremo, ante la solicitud de la familia Franco y, en tanto no resuelva sobre el fondo de los planes del Gobierno para la exhumación del dictador, podían haber decretado su suspensión sin necesidad de apelar a ninguna clase de interés público, podían haberse ahorrado todas las alusiones a la jefatura del Estado –ni qué decir la de la fecha de “La Exaltación de Franco”– y, puestos a ahorrar, podrían haberse ahorrado hasta el “don”. Pero no lo han hecho y es lógico pensar que han querido que se les vea el plumero.

Todo lo anterior contrasta con lo que ocurría en el mismo tribunal, un poco más allá del pasillo. En la Sala II, la de Marchena, la Fiscalía presentaba su último alegato contra los líderes soberanistas catalanes. Contra esos presos políticos que siguen en la cárcel a pesar de que ¡la ONU! –la ONU otra vez cuestionando a los Poderes del Estado Español– haya emitido un informe que dice que su privación de libertad “vulnera los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Los fiscales mantuvieron, tras la comparecencia de 422 testigos durante tres meses y medio, la misma-mismísima tesis que en su acusación inicial: en Catalunya hubo golpe de Estado. Según el fiscal Javier Zaragoza, para que haya rebelión  “no es necesario que haya ni violencia grave ni violencia armada. No hacen falta armas ni militares”. Es decir, que le basta para que haya rebelión con que se convoque a la gente a votar en libertad. De hecho, tuvo el tupé de afirmar lo siguiente: “celebrar un referéndum es delito aunque se haya despenalizado”. En mis tiempos de facultad, ambas afirmaciones de Zaragoza habrían bastado para un cero patatero en Derecho Penal.  Para el fiscal Fidel Cadena la única vez que en el Estado ha habido condena por delito de rebelión, es decir, en el golpe de Estado del 23-F, “la violencia física quedó limitada a aquellas zancadillas y zarandeos al general Gutiérrez Mellado”, con lo cual, según él, queda probado que “la violencia física no es un registro indispensable para el lanzamiento”. Cadena se olvidó de los disparos al techo del Congreso y de los tanques de Milans del Bosch paseándose por Valencia. Cero en Derecho y cero en Historia para Cadena.

Pero los fiscales no se conforman con los anteriores despropósitos, y a renglón seguido, contra-argumentan: en el procés hubo violencia. Supongo que inspirados por aquellos aguerridos –entiéndase la ironía– guardias civiles a los que  pudimos ver testificando cosas como “me ha quedado grabado cómo nos miraban” y “cantaban y ondeaban esteladas”. Y contra todo lo que conocemos que sucedió en aquellos meses en Catalunya, el fiscal Zaragoza afirmó que “hubo una violencia física, compulsiva e intimidatoria”, rememorando, a buen seguro, “la trampa del Fairy” que desveló durante el juicio el ex delegado del Gobierno, Enric Millo. Bromas aparte, resulta penoso escuchar a la fiscalía dando la vuelta a la tortilla para acabar acusando a los independentistas de la violencia ejercida por la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O contra la ciudadanía: “estamos ante unos hechos que provocaron 1.093 heridos”, dicho por Jaime Moreno, otro de los fiscales del Supremo.

Ante este panorama, es muy de temer lo que vaya a decidir el tribunal de Marchena. Una vez escuchadas la versión esperpéntica de la fiscalía y la “versión soft” del mismo despropósito realizada por la Abogacía del Estado a instancias del gobierno de un Pedro Sánchez que se hace “el Tancredo” por mucho informe de la ONU que haya… la cosa acabará en Estrasburgo.

No hay señales de paz en lo que llaman justicia: en el Supremo velan por la momia de uno que se erigió en Jefe del Estado a sangre y fuego mientras acusan de alzamiento a quienes defendieron el derecho democrático del pueblo catalán. A lo mejor resulta que lo más urgente no es sacar a Franco del Valle, sino sacar a franquistas y democraticidas del entramado del poder. Y, desde luego, reclamar, como mandan las Bases del Parlamento Vasco, también un estatus judicial propio para Euskadi.