Maria Eugenia Arrizabalaga

05 oct. Nuevo Estatus, ganamos todos

A pesar de que las respuestas dependen en gran medida de cómo se formulan las preguntas, según el último Focus, un 42% de las personas encuestadas apuesta por mejorar nuestro autogobierno, un 21% se decanta por un nuevo Estatus y un 19% se conforma con el actual Estatuto. Los porcentajes dan para distintas lecturas, en función de quien las haga. Esta es la mía: un 82% de los vascos apostamos por el autogobierno y un 63% defendemos  ampliar su alcance y calidad.

Esa posición, ampliamente compartida, tiene lógica a la vista de los resultados del autogobierno vasco: la calidad de vida es mejor en Euskadi. Tenemos niveles de pobreza y desigualdad mucho menores que en el Estado, un sistema de protección social más sólido, sueldos más altos, mejores servicios públicos y un sistema económico más competitivo e innovador.

Sin embargo, 45 años después de que el Estatuto de Gernika se aprobara en referéndum, sigue sin cumplirse. Aún quedan por transferir 29 competencias que pertenecen a Euskadi y, entre ellas, la de la Seguridad Social, con todo lo que supone.

Al problema del incumplimiento de nuestro autogobierno se suma la constante erosión de las competencias del Estatuto. Una erosión ejercida por el Tribunal Constitucional español –muy español–, que actúa siempre como árbitro comprado a favor del poder del Estado y en contra del de Euskadi. Y también impulsada por el Gobierno español –muy español-, que a través de “leyes básicas” ha ido arrebatándonos muchas de nuestras materias.

Ese es el problema del actual Estatuto: su cumplimiento queda al albur de la voluntad del Gobierno español de turno o, como mucho, de su situación de necesidad, lo cual nos obliga a un continuo “mercadeo” de lo que por ley y por voluntad democrática es vasco; y su interpretación queda en manos de un TC recentralizador.

Quienes apelan incesantemente a un supuesto “Estado federal”, en realidad, pretenden esconder la certeza de un Estado centralista.

Así las cosas, a estas alturas, sabemos bien que una simple ampliación de las competencias estatutarias siguiendo el actual esquema no garantiza, ni de lejos, lograr en la práctica lo pactado. Estamos escarmentados. De modo que somos bastante escépticos ante esas llamadas grandilocuentes al “pacto estatutario” que hacen algunos. Vaya pacto ese que se cumple, o no, según quiera, o no, una de las partes.

Por esa razón defendemos un nuevo modelo de relación con el Estado. Ese nuevo modelo es lo que llamamos Estatus: mayor nivel de autogobierno con nuevas competencias y una relación de bilateralidad con el Estado desde el reconocimiento de nuestra identidad como nación –que no es un concepto meramente “simbólico” sino reconocimiento de un sujeto político diferenciado del de la nación-estado española–.

Esa relación de bilateralidad implica respeto y, desde luego, pretende que nuestras competencias futuras sean efectivamente “nuestras”. Es decir, que nos hagamos valer para impedir que los continuos afanes recentralizadores españoles mutilen nuestro autogobierno. Eso es el nuevo Estatus: un cambio de paradigma que consiste en acordar “con” España, no “bajo” España y que supone, por lo tanto, pasar de un esquema de subordinación a otro de reconocimiento mutuo. Muy probablemente, muchos de los que han respondido que quieren un mejor y mayor autogobierno no tienen ningún problema en apreciar la conveniencia de esa nueva relación.

Evidentemente, ese nuevo Estatus requiere negociación y voluntad política por parte del Gobierno español. En ese sentido, cabe recordar que, para ser investido presidente, Pedro Sánchez suscribió un acuerdo con el PNV. El PSOE firmó que “el reconocimiento nacional de Euskadi” y “un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad” serán ámbitos de negociación. El acuerdo recoge las potencialidades de la Adicional Primera de la Constitución: esa que “ampara y respeta” los derechos históricos vascos. Derechos históricos que no suponen una “oscura apelación que nos remite al Antiguo Régimen” sino el reconocimiento de la soberanía originaria del Pueblo Vasco y una virtualidad cierta para ser actualizados a la medida de las necesidades del país más moderno de Europa: Euskadi.

Si logramos un acuerdo mayoritario en el Parlamento Vasco –y el PSOE cumple con su palabra–, podremos plantear la negociación de un nuevo Estatus para el bien de Euskadi y de toda su gente. Si logramos ese acuerdo –un acuerdo de buena vecindad política–, será la ciudadanía vasca quien, democráticamente, tenga la última palabra sobre el futuro Estatus de autogobierno de Euskadi, dando otro paso más en el ejercicio de su derecho a decidir. Paso al que podrán seguir otros cuando la voluntad democrática de quienes componemos la nación vasca así lo requiramos, porque corresponde al Pueblo Vasco, en cada momento, el derecho a decidir su futuro político.