10 oct. Residencias y posverdad
Si ha habido un debate clásico entre los clásicos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ese ha sido el de la incineradora. Durante años, se ha impulsado esta polémica estéril, adornada de mentiras y acusaciones inconsistentes, plagada de un nivel de demagogia y alarmismo que la sociedad gipuzkoana, en su amplísima mayoría, nunca ha compartido.
Pues bien, acabamos de celebrar el Pleno de Política General y ni los portavoces de Elkarrekin-Podemos, ni -muy especialmente- el de EH Bildu, han hecho siquiera mención al tema. Silencio. Un silencio que no parece de recibo. Tras casi veinte años de polémica hasta el aburrimiento, resulta inadmisible que, ahora que las instalaciones de Zubieta están en marcha, se pretenda hacer mutis por el foro.
Así que no estoy dispuesta a dejarlo pasar, que se note: la incineradora de Zubieta ha solucionado –¡por fin!– el inmenso lío de las basuras domésticas gipuzkoanas, y está produciendo electricidad renovable equivalente al consumo de 50.000 familias. Y, más allá de a las dos docenas de nostálgicos de las causas perdidas que se manifestaron en La Kontxa el día de las regatas, no parece que haya nadie especialmente preocupado por esta cuestión. Algo que resulta muy lógico por el simple motivo de que no hay razón para la preocupación. Es más, en Gipuzkoa hemos alcanzado ya el 55% de tasa de reciclaje, cinco años antes del plazo establecido por Europa.
Durante el último debate en Juntas, mencioné unas reflexiones del catalán Joan García del Muro Solans: “tras el adiós a la verdad, lo que ha aparecido es la posverdad”. La estrategia mantenida contra la incineradora ha sido un ejemplo apabullante de esa posverdad, del “desprestigio del pensamiento racional, el relativismo radical, el emotivismo y la definición de verdad en función del interés”.
La posverdad lo invade todo. No importan los datos que avalan el grado de realidad porque se da por buena la premisa de que todo es subjetivo y, por lo tanto, igualmente válido al gusto de cada cual. La posverdad lo penetra todo: aquella cuestión que ofrezca titulares más espectaculares tiene de por sí muchos más boletos para acaparar espacio en los medios, de tal modo que la propia replicación produce el efecto de alimentar la apariencia de verdad, cuando, en realidad, la espectacularidad del titular viene dada, demasiadas veces, por la dosis de emotivismo que contenga, y no por la cantidad de verdad. Durante años y años, algunos han jugado a la posverdad con la incineradora. Ahora, han sustituido la incineradora por las residencias de la tercera edad.
“Denuncian que una residencia tenía a los mayores hasta 14 horas sin comer”, “ELA denuncia el trato a los mayores en residencias de Gipuzkoa: 20 horas en cama y desayunos a las once”, etc. Estos son los titulares que está alimentando ELA en su nueva ofensiva contra la Diputación Foral, ahora que la pandemia parece haber quedado atrás. Una estrategia teledirigida desde los despachos del sindicato contra el sistema de atención residencial de Gipuzkoa; una estrategia que se enmarca en el conflicto laboral que están manteniendo desde hace años, pero que lo trasciende.
Si solo estuviéramos hablando de un conflicto para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias, ELA hace mucho tiempo que se habría sentado a la mesa de negociación con la patronal. Pero no es ese el principal objetivo del sindicato y es por eso que no se sienta a negociar. Lo que pretende, en realidad, es sustituir el modelo de las residencias de Gipuzkoa, basado en la colaboración entre la Diputación Foral y el tercer sector asistencial del Territorio, por otro en el que las 6.500 trabajadoras que atienden a las más de 5.000 plazas públicas concertadas dependan directamente de la plantilla de la Diputación –compuesta por unos 1.900 trabajadores–. De ahí la insistencia en la supuesta “privatización”. A eso se le llama plantear una ofensiva política sin presentarse a elecciones.
Es más, puede que los estrategas de ELA hayan leído a García del Muro Solans y, por eso, se valen de sus representantes sindicales, poniendo en boca de determinadas “cuidadoras” –término, por cierto, con mucho mayor emotivismo que el aséptico “trabajadoras de residencias”– titulares como los mencionados. Son denuncias que conmueven antes de que te hayas puesto a pensar sobre lo que significan. Y eso es lo que busca ELA, por aquello de que “cuando alguien intenta convencerte utilizando argumentos racionales y rigor, tiene muchas menos posibilidades de conseguirlo que si intenta contagiarte emociones”.
Lo de Txara I se ha trasladado a los medios porque una de las sindicalistas de ELA presentó una queja –ni siquiera una denuncia– y la Diputación activó inmediatamente la oportuna inspección. Y el resultado de dicha inspección ha dado lugar a un informe preliminar que, en un ejercicio de transparencia, se ha puesto en manos de quien interpuso la queja.
Puede haberse producido algún problema. De hecho, es casi imposible que, en un sistema compuesto por 5000 personas que requieren cuidados durante todas las horas de cada día y 6500 personas que imparten esos cuidados en 65 residencias, no se produzcan disfunciones. Otra cosa es que la estrategia de ELA sea andar buscando fallos residencia por residencia con la intención de airearlos mediante titulares cuanto más emotivos y escandalosos, mejor.
Afirmar que es casi imposible que no se produzcan disfunciones no equivale a resignarse a que las haya. Muy al contrario, la Diputación Foral ha realizado 322 inspecciones durante 2020 y otras 270 hasta septiembre de este año, casi el 90% de ellas sin previo aviso. Este que acabo de dar es un dato real, no es posverdad, no es opinión, no es emotivismo: es un dato. Y como ese, hay otros muchos datos que describen uno de los mejores sistemas públicos de atención residencial a mayores del Estado, si no el mejor. El 85% de todas las plazas residenciales de Gipuzkoa son públicas. El ratio de atención en Gipuzkoa es el más alto del Estado: un cuidador por cada dos residentes, 1.105 horas de atención directa al año. En Catalunya, son 865 horas/año. En Nafarroa, 756. En Cantabria, 737. En La Rioja, 434. En muchos lugares del Estado, el ratio es de un cuidador por cada cuatro residentes. Y estos son datos.
Hay también otros datos interesantes para contextualizar la situación de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa. El sueldo base de una auxiliar, con una jornada de 1.592 horas al año, es de 1.542 euros en 14 pagas más pluses. En Catalunya, 1.220 euros; en España, 985 euros. En 2019, a pesar de no haber convenio, en Gipuzkoa los salarios se subieron un 3,6%, gracias a los cinco millones que activó la Diputación.
Las trabajadoras tienen todo el derecho a luchar por la mejora de sus condiciones laborales y, de hecho, desde la Diputación se insiste en que logren la renovación del convenio. Pero, lejos de lo que afirma ELA, la negociación colectiva no es responsabilidad de la Diputación Foral. Tienen que negociar con su patronal, como lo han hecho en Zumaia, donde, por cierto, ELA acaba de lograr un acuerdo con la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento: “una gran victoria”, dice la web de ELA, “ya que se convertirá en un convenio de referencia con un salario de 1556€ para 2023”. En este caso, ELA da datos, lo cual permite compararlos.
Claro que habrá quien diga que ¡solo son datos!, que los números no saben de cuidados, etc. Y, dicho así, no dejará de tener razón. Pero la cuestión es que esos datos responden a las acusaciones de ELA. Acusaciones tales como que los ratios “son insuficientes”, que no se hacen inspecciones o que el PNV “privatiza” los cuidados. De hecho, de lo que menos se oye hablar a ELA es de las condiciones laborales de las trabajadoras. A lo mejor, por eso de que el sindicato está haciendo política y su objetivo va más allá de una mera negociación colectiva.
Cuando ELA pone delante de un micro a una cuidadora –es posible que liberada sindical– diciendo que “los yogures están contados” lo que pretende es que ese mensaje, con toda su carga emotiva, llegue al corazón de alguien; sabe que en ese momento, dará igual que, en realidad, haya yogures de sobra. Este es el juego perverso de la posverdad: no necesita ser pensada, basta con ser creída, “todo acaba convirtiéndose en interpretaciones que no hay forma de jerarquizar”. ¡Cómo rebatir con datos la supuesta racanería en yogures!
Las cuidadoras de la residencia de Azpetia se han plantado públicamente: “podríamos responder punto por punto, pero no queremos; repetimos que no estamos de acuerdo con lo que afirma el sindicato ELA”. Plantémonos ante quienes desacreditan el buen trabajo de la inmensa mayoría de sus trabajadoras, de los equipos directivos y del Departamento de Políticas Sociales, una labor que se ha puesto de manifiesto durante el estrés sin precedentes que ha supuesto la pandemia. Plantémonos ante quienes mienten afirmando que “la situación diaria de las residencias de Gipuzkoa es indecente e inhumana”. Plantémonos ante la astucia de quienes solo pretenden manipular.
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