Maria Eugenia Arrizabalaga

30 may. Un Estado alarmante

Coincidiendo con la gestión de una “desescalada asimétrica” en el Estado, con el cierre de la Nissan en Barcelona, que amenaza con ser el primer gran cierre de los que traerá la crisis económica, y con las broncas arrabaleras en el Congreso, al Gobierno español le ha estallado en las manos un conflicto político-judicial nada menos que con la Guardia Civil. Debemos tener muy presente que la Guardia Civil no es un cuerpo policial al uso sino “uno de los pilares que sustentan España” -frase muy al tono de los discursos que se pronuncian en las Comandancias cada 12 de octubre- y que su cúpula la componen 34 generales, ahí es nada, que consideran, como hemos leído por ahí, que en la Guardia Civil rigen “desde hace 176 años” unos “códigos propios”. Convencidos de que su misión pasa por la salvaguarda de la Estrategia de Estado, de la Unidad de España y de los valores del Duque de Ahumada, y que trasciende las limitaciones que rigen en lo habitual, podrá ir, o no, de la mano de la ley y respetará, o no, las indicaciones del Gobierno o Parlamento de turno, según consideren. Lo cual no es nuevo en absoluto.

El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el lunes cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid, y así ha comenzado una especie de movimiento telúrico que hasta el momento se ha llevado por delante a los números 1 y 2 del escalafón benemérito. El motivo es conocido: el informe que la Guardia Civil ha remitido a la jueza Carmen Rodríguez Medel y en base al cual esta ha imputado al Delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación del 8-M. Un informe, por lo que se ve, muy “de esos” que suele hacer la Guardia Civil, en los que, si no hay pruebas, se fabulan, y si no hay datos, se manipulan: Todo sea por la Patria. El ministro ha negado en varias ocasiones que ese sea el motivo; incluso, ha negado conocer el contenido del famoso atestado. Pero nadie cree al ministro. Entre otras razones evidentes porque la propia Abogacía del Estado, actuando en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acusado a la jueza del Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid nada menos que de estar instruyendo “una causa general” contra el Gobierno español; y, a la Guardia Civil, de que sus pesquisas tienen “un claro sesgo acusatorio”.

Las declaraciones del ministro Grande-Marlaska son pura impostura, cínicamente “adornada” con el anuncio de cientos de millones para completar la subida de un 20% del sueldo a los guardias civiles, intentando comprar simpatías. Sin embargo, en esta ocasión los argumentos de la Abogacía del Estado sí que resultan creíbles, y si alguien cree que no, que les pregunten a los del 18/98 sobre la clase de “pruebas” que aportó la Guardia Civil al sumario. Y que pregunten también a los de Altsasu sobre la ecuanimidad de una instrucción judicial basada sobre atestados de la misma autoría. No hay más que revisar los videos de las declaraciones de los guardias civiles durante el juicio del Procés para hacerse una idea de los disparates en base a los cuales el Tribunal Supremo condenó a los independentistas catalanes, perpetrando así un despropósito jurídico y un desatino político. Por cierto, cabe recordar que ese mismo coronel Pérez de los Cobos que ha cesado Marlaska, en su día fue el encargado de abortar el referéndum del 1-O: el que negó a porrazos el derecho a decidir del Pueblo catalán.

De todo esto se pueden sacar varias conclusiones que interpelan directamente a la calidad del sistema democrático español. Una, que, efectivamente, parece que la Guardia Civil funciona por sus fueros, en base a la interpretación que en cada momento hagan de la aplicabilidad de los mencionados “códigos de hace 176 años”. Así que, cuando esos “códigos” no se avienen bien con los principios del Estado de Derecho, los que tienden a salir perdiendo suelen ser estos últimos. Dos, que para que eso ocurra, es necesaria una coincidencia en “códigos” y en “valores” entre la Benemérita y el estamento judicial -o buena parte del mismo-. Y tres, que el poder político de turno en España -da igual que sea derecha o izquierda- no se suele sentir especialmente molesto por el hecho de que ocurran estas cosas, salvo que la “víctima” sea el propio Gobierno, que es el caso que nos ocupa.

Lo que está ocurriendo en el Juzgado nº51 de Madrid ha llevado al enfrentamiento entre el ministro de interior y la cúpula de la Guardia Civil. Sin embargo, cuando en octubre pasado, otro de los 34 generales, Pedro Garrido, jefe de la demarcación de Catalunya, afirmó aquello de “la Guardia Civil ha contribuido a la cimentación de la sentencia del 1-O”, el ministro Marlaska no se dio por aludido, reconociendo así tácitamente la labor de los guardias civiles como “encofradores de sentencias”. Así que, el hecho de que la Guardia Civil “cimente” o deje de “cimentar” sentencias no es un problema, ni para el ministro del Interior, ni para el Gobierno. El problema solo existe cuando ese “sesgo acusatorio”, cuya existencia ha captado en esta ocasión la Abogacía del Estado, se dirige contra la coalición gobernante de la que Marlaska forma parte. Pero no cuando se aplica con toda rudeza contra los líderes soberanistas catalanes, ni contra los de Altsasu.

A todo esto, no es posible olvidar que Grande-Marlaska ha sido cocinero antes que fraile. En la rueda de prensa que ofreció tras haber encendido la mecha de la disputa con el cuerpo armado, se encargó de recordarlo: “este ministro sabe perfectamente cual es la competencia de un ministro y cual es la de un juez”. Una interpretación normal del significado de esa frase debiera llevarnos a creer que Marlaska comparte la idea de que un juez debe ceñirse a la aplicación de la ley sin meterse en política, y que un ministro debiera hacer política respetando la ley. Pero hay muchos que no olvidan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en cinco ocasiones al Estado por no investigar torturas a detenidos mientras estaban bajo custodia del juez Grande-Marlaska.

Desde luego, lo que muchos no olvidamos es que fue el Juez Instructor de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska quien, a impulso político de otro ministro del Interior -Alfredo Pérez Rubalcaba- y probablemente con el único objeto de desviar la atención lejos de Jesús Egiguren, imputó al burukide del EBB, Gorka Agirre, por colaboración con banda armada. “El Faisán” era conocido por ser el kiosco de prensa de ETA, el lugar donde repartían el “Zutabe”, el boletín interno de la organización. Egiguren en aquellos tiempos frecuentaba el lugar en sus labores de “pacificador” y Gorka Agirre solía acudir a por el último Zutabe. Nunca he oído tantas veces sobre nadie “era una buena persona”. Un abertzale de verdad, alguien que siempre instó a no pagar el impuesto revolucionario, un burukide que hizo cuanto pudo a favor de la paz…  a quien la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las órdenes de Grande-Marlaska, sometieron a seguimiento y a escuchas telefónicas. Grande-Marlaska encausó en falso a Gorka Agirre y permitió que se filtraran “informaciones” falaces, y con un evidente “sesgo acusatorio”, sacadas de los atestados policiales. Gorka Agirre nunca llevó dinero de la extorsión de ETA en el bolsillo, como afirmaban los informes policiales que “cimentaban” la instrucción de Marlaska. Lo que llevaba, eran “zutabes”. Y eso, lo sabían Rubalcaba, Marlaska, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Debiéramos abrir los ojos ante las señales que emite una falla que recorre la estructura democrática del Estado español. Un Estado que aparenta ser “social y democrático de Derecho”, pero que sigue instalado de alguna manera en la concepción canovista -la de aquel Cánovas del Castillo del siglo XIX- que dejó dicho que “cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el Derecho”. El uso y el abuso sistemático del poder contra las libertades, es decir, contra la paz, tanto política como personal, de aquellos que resultan molestos, peligrosos o simples “cabezas de turco” a conveniencia de quienes mandan, como lo fue Gorka Agirre, nos colocan ante un Estado alarmante, al que solo por demócratas deberíamos decir no.