Maria Eugenia Arrizabalaga

29 ira. Frente al dependentismo, principio democrático

Se va acercando el 30 de noviembre, fecha en la que se anuncia que la “comisión de expertos” dará a conocer el trabajo que han realizado para trasladar a un texto articulado las Bases para un Nuevo Estatus de relación con España que aprobó en su día el Parlamento Vasco. A medida que se acerca la fecha, parecen más las voces del dependentismo, políticos y comentaristas que quieren a Euskadi y a al pueblo vasco dependiente de España, y que formulan conceptos, a priori tan “amables” que cuesta rebatirlos, como “mayor consenso”, “pluralidad”, “acuerdos transversales”, etc. que aquéllas que defienden la legitimidad democrática del Pueblo Vasco para decidir y reclamar el Estatus político que  garantice una situación de no supeditación al Estado.

Alguien habrá podido pensar que los dos bloques de conceptos a los que me he referido, la legitimidad democrática de la mayoría, por un lado, y los acuerdos transversales, por el otro, no tienen por qué ser incompatibles, y que, incluso, sería deseable que no lo fuesen. Estoy de acuerdo: sería deseable que todos o casi todos los partidos con representación en la Cámara Vasca pudieran llegar a un gran acuerdo. Porque, además, siendo así, sería más fácil presuponer que la propuesta de Estatus nacida de ese amplio consenso pudiera tener recorrido en Madrid. Es decir, un acuerdo que contara con todos o, al menos, con parte de los partidos de ámbito español, podría ser práctico.

Sin embargo, si pasamos del plano ideal al de la realidad, y analizamos las opiniones que, sobre todo, los portavoces de los dos partidos llamados “constitucionalistas” expresaron en el Pleno de Política General del pasado día 20, la cuestión se complica. Por ilustrar la situación, Alfonso Alonso, del PP, descalificó el acuerdo de bases tachándolo de “invento” cuyo objetivo fundamental es “dar por liquidada la soberanía nacional” –la española, evidentemente– y la portavoz del PSOE, Idoia Mendia, en un discurso no tan claro como el del PP y haciendo apelaciones a “pactos para la convivencia” para “un autogobierno con garantías”, se remitió al voto particular que su partido presentó a las Bases aprobadas. Pues resulta que ese voto particular desposee de valor a la mayoría que representa el 60% de la Cámara Vasca, por estar conformada por “distintas sensibilidades nacionalistas”, no reconoce el “concepto Pueblo Vasco”, aduce que la Sentencia del TC contra el Estatut dejó sentado que “la consideración como nación no tiene eficacia jurídica”, pone en duda el valor de los derechos históricos como engarce para un nuevo modelo de relación con el Estado, establece la preminencia del marco legal al principio democrático, etc., etc. y, por supuesto, rechaza un modelo de relación de naturaleza confederal con el Estado

Siendo así, cuando leemos cosas como que la transversalidad del acuerdo “tiene un valor estratégico como exigencia derivada de la pluralidad de nuestra sociedad” y que el famoso “acuerdo entre diferentes” adquiere una “relevancia cualitativa” “más allá de la legitimación democrática” de un proyecto “solo” basado en la mayoría absoluta, nos surgen toda una serie de preguntas. Y, reitero que sería deseable una mayoría cuanto más amplia mejor. Pero dicho eso, ¿es conceptualmente aceptable relativizar, en democracia, el valor de la voluntad popular de una mayoría clara? ¿No equivale a considerar que la parte minoritaria de ese demos tiene derecho de veto ante cualquier planteamiento que no le guste? A mi modo de ver, se le parece mucho. Parece que se nos olvida que la adhesión de voluntades individuales, de personas cualesquiera, conforma mayorías y minorías y que tiene difícil defensa democrática considerar que unas pesan menos que otras al ser sumadas.

Yendo un poco más allá, si se cambiaran los papeles, es decir, si en el Parlamento Vasco los abertzales tuviéramos 18 parlamentarios de 75, como tienen PP y PSOE, y ellos 46, como la actual suma de PNV y EH Bildu, no me resulta fácil imaginar que  la mayoría se aviniera a reconocernos ningún derecho a veto ante su visión unionista. Es mi opinión y puede que en ella esté influyendo aquel acuerdo de 2009 entre el PSOE y el PP que llamaron “Bases para el cambio democrático” que Iñigo Urkullu, siendo presidente del EBB, en 2011, definió en pocas palabras: “El pacto es diluir el autogobierno vasco. Diluir Euskadi.” El PSOE y el PP, sin embargo, entendían que “es necesario un nuevo Gobierno que deje atrás las políticas de confrontación, de división y enfrentamiento, que tensionan a la sociedad”. De modo que para favorecer el entendimiento, la unidad y la tranquilidad de la sociedad vasca –léase, por favor, la ironía–, primero mutilaron el Parlamento y después desplazaron a un PNV que había ganado las elecciones. Me parece un antecedente interesante para poner en su sitio determinadas cuestiones. Aunque, seguramente, el PSOE lo considerará justificado en aquel contexto y “caducado” en el actual.

Pero, además, existe una trampa de gran calado político en ese  afirmación de los profetas de la dependencia que otorga “relevancia cualitativa” al “acuerdo entre diferentes” sobre la que pueda tener una mayoría compuesta por abertzales –también “diferentes”, por cierto–. Y es la siguiente: si hoy reconocemos la relevancia cualitativa de un pacto transversal no habrá un mañana en el que, por mucha mayoría abertzale que exista, podamos los vascos reivindicar la suficiente legitimidad de esa mayoría. Es decir, decae el principio democrático y el derecho a decidir del Pueblo Vasco, porque el reconocimiento de una cualificación relevante de la transversalidad lo convierte en un concepto estructural y, en adelante, solo se podrá decidir aquello a lo que esté dispuesto la minoría –quiero creer que unionista– por exigua que esta sea. De modo que, reiterando de nuevo, la conveniencia de acuerdos amplios, éstos en ningún caso deben ser arrogados de cualidades que no les corresponden. No caigamos en ese juego perverso.

Y hablando de pluralidad. Por qué será que en Euskadi debemos de ser más plurales que en ningún otro sitio. Por qué será que en Euskadi la pluralidad debe adquirir rango de vector político. La pluralidad es innegable, lo es en Euskadi y lo es en España y lo es en Alemania y Gran Bretaña. Sin embargo, en los Estados esa pluralidad no impide que sus estructuras políticas sean todo lo amplias que pueden ser en el concierto internacional y a lo más que llegan es a reconocer cierto grado de gestión propia a aquellos territorios que consideran “singulares” dentro de la homogeneidad del Estado. Es innegable que la pluralidad debe ser respetada, no cercenada, no acallada, no desprovista de igualdad ni de dignidad. La pluralidad debe expresarse en igualdad. Por eso no es justo que unos representen “la pluralidad con derecho a veto” y los otros, deban asumir lo de ser “pluralidad eternamente vetada”.

Por cierto, los dependentistas que nunca se descuidan en mencionar la palabra “pueblo” para referirse a Euskadi. Hablan de “sociedad” o de “ciudadanía”. Y, de ese modo, obvian la existencia de un sujeto colectivo con derecho a decidir. Esto lo saben  bien muchos políticos, tertulianos y articulistas con voz y altavoz en los medios, de esos que considerarían “una pesadilla” –lo hemos leído por ahí– cuestionar una coma del actual esquema de poder del Estado.  Pues bien, Euskadi es un pueblo plural, y el Pueblo Vasco, con toda su pluralidad, tiene derecho a decidir su futuro.

Las Bases del Parlamento definen un ejercicio concreto de ese derecho a decidir. Partiendo de la base del incumplimiento sistemático del “fructífero pacto entre diferentes” que, en palabras de Idoia Mendia, es el Estatuto vigente, hay que ser algo ingenuo para pensar que cualquier acuerdo que pueda salir del Parlamento y que suponga un salto cualitativo en nuestro autogobierno, vaya a ser respetado. Pero si preservamos nuestro principio democrático podremos aplicar la paciencia necesaria para esperar, sin frustración, ese día –que no se antoja cercano– en el que la democracia española sea homologable.