Maria Eugenia Arrizabalaga

22 mar. La contumacia en el siniestro total.

Respondiendo a Larraitz Ugarte sobre los swaps.

Como dijo alguien “cada autor dice lo que quiere” y eso mismo, decir lo que quiere, ha sido lo que ha hecho Larraitz Ugarte en su artículo “La sentencia del swap de la incineradora de Zubieta”, publicado en Gara el 12 de marzo pasado.

Cuando menos sí hay una cosa del artículo con la que estoy totalmente de acuerdo: “GHK debe pagar el swap que en la actualidad están valorados en 60 millones de euros. Todo un despropósito para un crédito que finalmente no ha sido utilizado”. La clase de despropósito a la que lleva la ceguera provocada por el dogmatismo de algunos. Solo que sí, respondiendo a la pregunta retórica de Ugarte, sí sería menor el despropósito -de hecho, dejaría de ser despropósito- pagarlo si el crédito hubiese sido utilizado en su totalidad. Por aquello de que resulta obviamente mucho más asumible pagar un crédito a tipo fijo si se dispone del coche que… si el coche desapareció por siniestro total.

Y, eso, el siniestro total, fue el resultado de la decisión tomada por Bildu cuando resolvió el contrato de la incineradora, asumiendo alegremente indemnizaciones millonarias y el costo, muy millonario, de los famosos swaps, todo ello “apuntado en el techo” de los bolsillos de la ciudadanía y a cambio… de la nada absoluta.

Dice Ugarte que “es discutible si los swaps son buenos y necesarios”. Lo que no es discutible es que el Banco Europeo de Inversiones exigía una fórmula de cobertura del riesgo de incremento del interés en los 19 años de vida del crédito, y que la sentencia viene a decir que el IRS suscrito era la única fórmula que cumplía el requerimiento.

Pero llegó Bildu y mandó parar, y en ese mismo momento y no antes, el instrumento de cobertura del riesgo de subida de los tipos de interés variable se convirtió en “producto especulativo”: los bancos siguen cobrando sin que GHK haya dispuesto del crédito y sin que Gipuzkoa tenga infraestructuras.

El PNV no firmó “un producto altamente especulativo y tóxico”, porque como dice la propia sentencia un ciento de veces: “En el presente caso es claro que las partes no contrataron un producto de inversión autónomo y de carácter especulativo”. Supongo que la Sra. Ugarte lo habrá leído. Y si ha leído la sentencia sabrá que el perito contratado por Bildu reconoció “haber recomendado swaps como asesor económico-financiero”, a otros clientes, evidentemente. Y seguro que lo hizo porque resulta que son los instrumentos más eficaces y más baratos –aunque parezca mentira- para cubrir el riesgo de fluctuación de los tipos de interés variable en proyectos de gran dimensión.

La tesis de la Sra. Ugarte es que el PNV firmó los swaps “en parte” “a cinco días de las elecciones forales del 2011 y cuando todas las encuestas vaticinaban un vuelco electoral”, y que lo hizo “con tal de que la incineradora no se pudiera echar atrás”. Por supuesto Ugarte obvia lo que no le interesa, y entre lo que no le interesa está el proceso de tramitación del proyecto y de su financiación (en la propia sentencia se da cuenta detallada). Todo ello culminó con la suscripción del swap “en parte” en enero de 2011, pendiente de suscribir “la otra parte” en mayo, porque como recoge la sentencia era necesario conocer el precio de adjudicación de la infraestructura para adecuar el seguro de cobertura al costo real, y ello con la finalidad, precisamente “de impedir que el swap se convirtiera en especulativo”.

Pero llegados a este punto cabe recordar a Larraitz Ugarte algo  que parece haber olvidado: ganar unas elecciones no garantiza gobernar las instituciones. Y si Bildu gobernó en Gipuzkoa lo hizo porque el PNV desoyó los reiterados ofrecimientos que le hicieron el PSE y el PP para evitarlo. Ver hemeroteca. Eso sí, el PNV  dejó gobernar a Bildu porque había ganado. Si, como dice Ugarte, el interés del PNV hubiera estado en la construcción de la incineradora… el PNV hubiera seguido gobernando y ella misma no hubiese llegado a Diputada.

Nos relata la ex portavoz de Diputación que “decidieron interponer la demanda contra este producto por especulativo” Sí, y la han perdido por segunda vez. Pero como es habitual en ella, considera que perder la demanda también es culpa del PNV, en concreto de Carlos Ormazabal, a quien responsabiliza de no avalar durante el juicio la tesis de Bildu de que no sabía lo que hacía cuando firmó los swpas. Por ello, la Sra. Ugarte pide la reprobación de Ormazabal, y por extensión la de Markel Olano. Pues resulta que la sentencia reitera que en ningún caso se puede considerar a GHK como “cliente minorista”, que Ormazabal en ningún momento negoció con los bancos, que quien negoció fueron los técnicos financieros de la entidad (asesorados, a su vez, por expertos externos del más alto nivel en la materia y con la colaboración de los servicios técnicos de Diputación), “no existiendo razón alguna para dudar de su objetividad e imparcialidad”   y que a los efectos establecidos en la demanda, el presidente de GHK –Carlos Ormazabal- “se limitó a suscribir los contratos en representación de la entidad, no haciendo si no plasmar el consentimiento o voluntad contractual del Consejo de Administración de la misma”. Es decir, que si el sr. Ormazabal hubiera declarado lo que Larraitz Ugarte quería, cosa que no podía hacer por no ser cierta, tampoco hubiera tenido ningún recorrido judicial.

Si es cierto que la nueva incineradora “no es viable para la administración pública”, como dice, lo es precisamente porque Bildu, sabiendo lo que hacía, resolvió el contrato de manera ilegal pagando 11 millones, y porque -sabiendo lo que hacía- cargó a las arcas públicas con 60 millones de deuda a cambio de la nada absoluta. Eso sí, son especialistas culpando al PNV de sus culpas.

Y, por cierto, asegura la Sra. Ugarte que “Zabalgarbi tiene un problema de viabilidad económica en breve plazo”. La misma Larraitz Ugarte que durante cuatro años nos informó de la inminente ruina de una Bidegi que sigue teniendo beneficios año tras año. Así que, a lo mejor, la que no entiende de planes económico-financieros y de viabilidad de proyectos es ella.

Quiero añadir que ni al Sr. Ormazabal, ni al Sr. Olano, ni, desde luego, a mí misma nos hace ninguna gracia que los bancos comerciales sigan cobrando las coberturas exigidas por el Banco Europeo de Inversiones para otorgar un crédito a un proyecto que Bildu malogró.

Acabo: la apelación que hace “al diálogo y al acuerdo” suena genial. Pero cuando ella misma impone a priori el resultado del diálogo y del acuerdo que aparentemente propone, “la paralización definitiva de la incineradora”, queda claro que en realidad la propuesta es pura hipocresía.