10 aza. Los “bienpensantes” y el choque democrático
Ojeo las previsiones de la semana que viene y veo subrayado el día 17 y el nombre de Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. Ofrecerá una conferencia en el Kursaal de la mano de Gure Esku Dago. Me motiva la cita. Al mismo tiempo lo asocio con tanto “bienpensante” ante las causas nacionales catalana y vasca. Leo en el diccionario que el “bienpensante” es quien “tiene ideas convencionales, consideradas socialmente correctas desde el punto de vista moral”. Dicho de una manera coloquial, me voy encontrando con quien, a la mención de los desmanes que está perpetrando el Estado contra Catalunya, responde “¡uy, quita, quita!”. Como demócrata y abertzale me parece una actitud que fluctúa entre la desideologización política y la desidia democrática.
En todo lo que viene ocurriendo en Catalunya hay dos parámetros que sirven para analizar la situación: el conflicto nacional, de la misma naturaleza que el nuestro, y la realidad democrática. No en vano somos dos naciones sin Estado que, ante nuestras legítimas reivindicaciones como pueblo, tenemos en frente a un mismo Estado que impone como una apisonadora su idea de la unidad de España pisoteando derechos democráticos básicos, individuales y colectivos. Basta recordar a Mª Dolores de Cospedal cuando era Ministra de Defensa clamando “por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y soberanía”. No llegaron a movilizar al Ejército, pero sí a la Guardia Civil. Y a la judicatura, la fiscalía, la Abogacía del Estado, el CNI, sin olvidar la intervención directa de la Hacienda catalana, la aplicación del 155 y, cómo no, con cobertura del 155-Mediático.
Por muy asumible que a los “bienpensantes” les parezca la actuación del Estado, no lo es en absoluto. No es asumible pinchar los teléfonos de cientos de nacionalistas catalanes buscando urnas –que no hallaron–, ni hacer montajes mediático-policiales desde las cloacas del Estado, ni realizar detenciones arbitrarias de miembros del Govern, ni aporrear a gente que esperaba paciente y pacíficamente poder votar, ni usurpar la legítima representación institucional del pueblo de Catalunya, ni movilizar a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para criminalizar a los representantes de la voluntad popular por querer dar la palabra al pueblo, ni encarcelar a los dirigentes catalanes por querer cumplir la palabra dada a sus electores bajo acusaciones que el Código Penal no sostiene, ni mantenerlos en prisión preventiva incondicional, ni amañar pruebas inexistentes en los escritos de acusación, ni emitir euroórdenes que varios países europeos han rechazado por inconsistentes, ni espiar al President Puigdemont por media Europa, ni conculcar los derechos a ejercer la representación política democrática y legítimamente obtenida en las elecciones… Desde la óptica de un Estado de Derecho y desde la conciencia democrática, son aberrantes y escandalosos.
Los “bienpensantes” puede que se digan que se lo han buscado, influidos, seguramente, por el tratamiento informativo que desde la poderosa maquinaria de los medios de comunicación españoles de distinta línea editorial se proyecta, cada día, a todas horas, en torno al procés, como lo padecimos aquí no hace tanto. Una información manipulada, sesgada, ideologizada hasta la médula por la concepción de lo para ellos es la única nación, España, algo que tratan de maquillar con sketches donde alguien usa su bandera como moquero, sin que las excepcionales voces discordantes logren hacerse el eco necesario.
El origen de todo lo que está ocurriendo se remonta a la reforma del Estatut en 2006, con la intención de frenar la erosión del autogobierno catalán por parte del Estado. Y de erosión del autogobierno sabemos mucho en Euskadi. Aprobaron un nuevo Estatut siguiendo el procedimiento constitucionalmente establecido. ¿Y qué ocurrió? Que entre el “cepillado” del PSOE, el recurso del PP y el “recepillado” del TC una muchedumbre en Catalunya se sintió humillada y comenzó a activarse un movimiento social para reivindicar el derecho a decidir y la defensa democrática de un Estado catalán. Esa voluntad democrática, trasladada a las instituciones representativas, se concretó en la consulta de 2014 y, después, en el 1-O. Ése ha sido su ‘pecado’: convocar al pueblo a un referéndum. Una convocatoria democrática, aprobada por mayoría del Parlament. Un ejercicio democrático posible en Quebec, en Escocia, en Nueva Caledonia que Madrid es incapaz de tolerar.
A este respecto, recomiendo a los “bienpensantes” la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía. Resumo su lisérgico fundamento: “una estrategia convergente” con “tres pilares básicos”, el Parlamento –por aprobar leyes–, el ejecutivo –por convocar un referéndum– y el social –por convocar manifestaciones–. Pero como para que haya delito de rebelión hace falta violencia, la Fiscalía se viene arriba y le basta con considerar que “contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”. ¿Qué violencia? ¿Quién ha visto nunca violencia alguna en Catalunya? Nadie, porque no la ha habido, salvo la de la Guardia Civil y la Policía Nacional española. Pero la Fiscalía entiende que las grandes manifestaciones de las Diadas suponen “fuerza intimidatoria” y que los Mossos “son un cuerpo policial armado” –por cierto, los mismos Mossos d’Esquadra que desarticularon la célula yihadista a las pocas horas de la masacre en Barcelona y que han detenido a un francotirador dueño de un arsenal, que pretendía asesinar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la exhumación de los restos de Franco–. De ese modo, la Fiscalía española ha criminalizado la aspiración legítima del Pueblo catalán y así comienza el otro proceso, el judicial, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional donde 16 presos políticos se enfrentan a un total de 214 años de cárcel por atreverse a hacer política, mientras Puigdemont y otros responsables sufren exilio político.
Será porque soy nacionalista, será porque en la Facultad de Derecho estudiamos un libro titulado “El derecho a la autodeterminación de los pueblos”, será porque he tenido la suerte de poder participar en un par de Diadas, será porque el 1-O pude acercarme a colegios electorales en los que gente votaba ilusionada, siento envidia de la convicción, fuerza y determinación del Pueblo de Catalunya patente en el procés. Ojalá perseveren unidos.
La democracia no es un ejercicio de relajación sino una prueba diaria. El desgaste democrático no es un hecho súbito ni espontáneo. La baja calidad democrática en el Estado español se ha larvado durante años, de la que no es ajena la estrategia antiterrorista frente a ETA, con el consiguiente vacío de una pedagogía democrática en la sociedad española. 40 años de franquismo hacían necesario cultivar los valores de la democracia en aquel momento histórico de recuperación de las libertades y construcción del sistema democrático. Nadie nace demócrata ni se convierte demócrata automáticamente como quien enciende la luz nada más darle al interruptor. Del mismo modo, cuando en un pueblo arraiga la democracia y se hace fuerte, tampoco se apaga con un clic. La democracia, tomada en serio, es exigente y cuesta. Se aprende con en el ejercicio de las libertades, es decir, eligiendo y decidiendo por el bien común, cultivando la ética y la justicia, practicando el diálogo, respetando y defendiendo las legítimas aspiraciones de las personas y pueblos, dando cauce a la voluntad mayoritaria de los pueblos y naciones, construyendo Estados habitables. La democracia en Euskadi, en Catalunya, en “un Estado habitable” da cauce al derecho a decidir. Con ese convencimiento y mi solidaridad con Catalunya escucharé al President Torra. Cuenta con mi aplauso agradecido.
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