Maria Eugenia Arrizabalaga

14 api. PENSIONES: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA

En una entrevista de esta misma semana se le ha preguntado a Lander Martínez, secretario general de Podemos, sobre el papel que jugó Podemos en el Pacto de Toledo. Lo ocurrido, ya lo conocemos: después de tres años de trabajo, comparecencias y negociaciones, cuando Podemos había participado delas recomendaciones acordadas, en la última reunión, allá por febrero, cambiaron de portavoz y “mandaron parar”. El cambio de parecer de Podemos fue la excusa perfecta para que un PP que había ido aceptando lo que en realidad no quería, se zafara también de los compromisos adoptados. Entre esos compromisos se puede mencionar, el principio de sostenibilidad del sistema –que las prestaciones no contributivas sean financiadas por los Presupuestos Generales- o la recuperación de la revalorización automática de las pensiones al IPC. De modo que, visto lo ocurrido, la pregunta a Lander Martínez tenía mucha lógica en estos tiempos electorales.

Ante una pregunta complicada para Podemos, porque en realidad Podemos sí “dinamitó” el Pacto de Toledo, LanderMartínez tiró por elevación, ¿que no tengo salida airosa?, ataquemos “a la derecha neoliberal” y, como siempre, incluyamos en el paquete al PNV. Esta suele ser la fórmula mágica que aplican en cuanto pueden. ¿Qué respondió? Losiguiente: “Hay veces que hay dos noticias que se entienden mejor que una. La primera es que los partidos acusan a Podemos de dinamitar el pacto de Toledo. Y la segunda es que los partidos esta semana han votado en el Parlamento Europeo a favor de las pensiones privadas”. A continuación quiso dar la vuelta a la tortilla y culpó a los demás de no proceder a la revalorización legal del IPC que ellos mismos imposibilitaron al hacer saltar el Pacto de Toledo y, como colofón, acusó al PNV, entre otros, de “no rechazar tajantemente las pensiones privadas”, añadiendo que “son el elemento sustitutivo que nos quieren imponer desde el sistema neoliberal”. De allí a pocas horas me llegó una octavilla que Podemos andaba repartiendo a las personas con edad de estar jubiladas. El mensaje, el mismo que el de Martínez: “Europa aprueba el Producto de Pensiones Individuales. Un nuevo robo contra nuestro sistema de protección social”.

Intuyendo la habitual “lógica” que aplican, la de su supuesta superioridad ética como argumento político sin necesidad de que se corresponda demasiado con la realidad, comprobé lo que habíamos votado en Bruselas. Pues bien, votamos a favor de una propuesta para crear un “Producto Paneuropeo” de planes de pensiones individuales que dé más seguridad a los ciudadanos europeos que cambien de Estado de residencia o que trabajen en un país distinto al de que residen. Por lo que se ve, los planes de pensiones existentes no son lo suficientemente “portables” entre Estados y, teniendo en cuenta que en 2015 había 12,6 millones de personas en esas circunstancias que he mencionado, se pretende garantizar su portabilidad. Expresamente subraya el texto aprobado que el objetivo de los PEPP “no es sustituir los actuales sistemas nacionales de pensiones”. De modo que la votación europea que anda aireando Podemos para calentar los ánimos de los jubilados, ni sustituye ni roba nada. Pero me temo que no por eso dejarán de decirlo.

Miremos al futuro. ¿Qué propone Podemos en su programa electoral? Pues bien, sobre las pensiones mínimas señala que con “una garantía universal” de ingresos “suficientes” de  600 euros por persona sola, “se habrán elevado de un plumazo” estas pensiones. Ese es el desiderátum electoral de Podemos. Teniendo en cuenta que en la CA de Euskadi este año la RGI es de 667,5 euros por persona sola y la RGI por pensionista sola, de 765, y que a ello se pueden añadir los 250 euros del complemento de vivienda, no sé cómo se atreven a hablar como hablan del PNV. Y, desde luego, no sé cómo se atreven a hablar como hablan de la RGI si ellos mismos consideran “suficientes” bastantes euros menos de los que ya tenemos en Euskadi.

Podemos plantea además “la garantía de revalorización de las pensiones al IPC” –la misma que reventaron en el Pacto de Toledo–. Merece ser recordado, por cierto, que el PNV logró mediante su acuerdo presupuestario con el gobierno español la subida del IPC a las pensiones, aunque “solo” fuera para 2018 y 2019. Y también, retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Pues bien, aquel acuerdo fue calificado por Irene Montero,portavoz de Podemos,de “trampa” y se comprometió a torpedearlo.  Sin embargo, ahora Podemos en su programa apunta: “los y las pensionistas ya consiguieron que Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019 posponiéndolo al 2023”. Por aclarar: quien hizo que Rajoy tuviera que suspenderlo fue, básicamente, el PNV, aunque es cierto que atendiendo a la reivindicación social existente.

Y ahora hablemos en serio de la Seguridad Social. Para eso es necesario, me temo, hablar de números. El déficit estructural anual de la Seguridad Social española en 2018 llegó a los 18.651 millones de euros. Eso hace que su deuda haya pasado de 17.173 millones en 2016, a 27.393 millones en 2017, y a 34.863 millones en 2018. He leído que, contando los préstamos realizados por el Estado ya en 2018, y los que tendrá que realizar en 2019 para poder hacer frente a las pagas, se prevé que este año la deuda alcance los 65.000 millones de euros. A esta situación hay que añadir que la deuda pública del Estado ha alcanzado la cifra de su propio PIB: España ostenta el dudoso honor de ser el Estado con mayor déficit estructural de la Unión Europea. No sé si Lander Martínez considera que los números son “neoliberales”, pero lo cierto es que resultan muy preocupantes, y lo peor de los números es que son inmunes a la retórica política. Requieren, más bien, de políticas efectivas, pensadas, responsables, valientes, y de acuerdos que queden al margen de luchas sectarias y partidistas –esto en el Estado español parece ser imposible-. Es necesario garantizar el sistema público de pensiones, garantizar la equidad, la igualdad y la sostenibilidad intergeneracional del sistema. Ahora bien, vistos los números, ¿es segura esta Seguridad Social para los vascos?

Hace ya muchos años que el histórico dirigente nacionalista Javier Landaburu escribió: “si el nacionalismo pretende construir la nación, su programa tiene que tener un contenido social”, y el PNV ha respondido siempre a esa premisa. Resulta sorprendente la actualidad de lo escrito por Landaburu en 1956: “establecer para el obrero que trabaja en Euzkadi una verdadera seguridad social que sea tan eficaz como la de los pueblos de Europa occidental. La obra no es difícil porque la seguridad social de hoy en el Estado español es cara y mala. (…) En un plan de autonomía, el patrono y el obrero vascos conjuntamente deben impedir que salga de Euzkadi una sola de las pesetas recaudadas para atenciones sociales, y especialmente para la seguridad social”.

Ya ha llovido desde entonces pero hay cosas que no cambian, seguimos teniendo pendiente el gran reto de país: lograr de una vez el cumplimiento del Estatuto de Gernika, en los términos aprobados en el Parlamento: asumiendo el régimen económico de la Seguridad Social en los que deberá incluirse, como mínimo, el reconocimiento del derecho y la capacidad de recaudación de las cuotas y el pago de las prestaciones, la decisión sobre altas y bajas de empresarios y trabajadores, la supervisión del sistema y la presupuestación autónoma del resultante económico de las operaciones. O, si se prefiere, como decía el PSE-PSOE en su programa de 1980: “la creación de una Tesorería General del País Vasco, como caja única, en donde al mismo tiempo que unifique los recursos tenga a su cargo los servicios de recaudación y pago.” Aquella era la interpretación auténtica del Estatuto, y me temo que no la que Sánchez considera “demasiado complicada” para poder transferirla. Por cierto, esa interpretación de 1980 se aviene con las Bases aprobadas en el Parlamento para el Nuevo Estatus de relación con el Estado.