Maria Eugenia Arrizabalaga

09 mai. Un panorama

Esta semana se ha hablado de las elecciones autonómicas de Madrid en todo momento. Pero, puestos a fijarnos en elecciones, a priori me resultan más motivadoras las que se han celebrado en Escocia este pasado jueves. En el momento en que escribo, no se conocen los resultados pero las encuestas anunciaban una mayoría absoluta del independentismo. Nicola Sturgeon, líder del Scottish National Party, se ha presentado con una propuesta política nítida: si el independentismo obtiene la mayoría absoluta en la Cámara de Holyrood planteará un nuevo referéndum de independencia al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Tuve la suerte de estar en Edimburgo con un grupo de alderdikides en 2014, cuando se celebró el referéndum de independencia. Sin duda fue un día histórico, no solo para Escocia, también para Euskadi y para las demás naciones sin Estado de Europa: se materializó el ejercicio del derecho de autodeterminación, ese que corresponde a las naciones solo por el hecho de serlo, lejos de esas divagaciones que tanto gustan al llamado progresismo español sobre que el derecho de autodeterminación solo existe para territorios coloniales. La pena fue el resultado: un solo voto de diferencia habría bastado para la independencia –así lo reconoció el propio David Cameron– pero un 55% de los votantes optó por el “no”.

La campaña por el “no” fue dura y, como ocurre siempre en estas ocasiones, los unionistas se emplearon a fondo para que cundiera el miedo entre la gente: que si Escocia perdería sus bancos, que si las pensiones no quedarían garantizadas. Pero, sin duda, el principal argumento a favor del “no” se basó en que Escocia quedaría fuera de la Unión Europea en el caso de que se independizara. Hasta Rajoy entró en campaña reiterando que una Escocia independizada tendría que solicitar de nuevo la entrada en la UE, y que España tendría derecho de veto a la admisión.

El caso es que –paradojas de la vida– Gran Bretaña se ha salido de la UE con el voto en contra del 62% de los escoceses. Y resulta que si, como pretende el SNP, se convoca un nuevo referéndum y gana el “aye”, los escoceses podrían pedir la vuelta a la Unión Europea. Ahí quisiera ver a Pedro Sánchez intentando argumentar el no reconocimiento de un Estado escocés por aquello de no haber sido una colonia. Pero para llegar a ese punto, en primer lugar, el independentismo tiene que lograr la mayoría absoluta; luego, se debe convocar un nuevo referéndum; y, evidentemente, el “sí” tiene que ganar, aunque sea por un único voto.

Boris Johnson no quiere un nuevo referéndum en Escocia. Pero lo tendría difícil para negarse porque, en 2014, se afianzó un precedente: el Reino Unido reconoció el principio democrático que exige respetar la voluntad expresada libremente por el pueblo escocés. Sturgeon insiste en un referéndum acordado, y a Johnson no se le ha ocurrido mejor excusa que esa que dice que “a medida que salimos juntos de una pandemia, no es el momento de caer en una imprudencia”. La pandemia sirve para mucho en política –sobre todo para algunos de los que hablaremos más adelante– pero no parece un argumento de peso ante una probable mayoría independentista. En todo caso, el SNP ya ha dejado dicho que, en el caso de que Downing Street se siga negando al acuerdo, echará mano de la vía unilateral mediante una ley del Parlamento escocés. Y es que a la vía unilateral no se va, te llevan.

Los británicos deberían pensárselo muy bien. Por mucho que a los unionistas ingleses les aterre la idea de perder parte de lo que consideran “suyo” –pero que es solo de los escoceses– no deberían ceder a la tentación de asemejarse a España y a sus marrullerías políticas y judiciales, tan evidentes en el caso catalán. La legendaria flema británica quedaría muy mal parada si así lo hiciera.

Cambiando de tercio y al hilo de lo de la marrullería española, ¿qué se puede decir sobre lo del fin del estado de alarma? ¿Qué decir sobre el “invento” del Gobierno Sánchez de depositar en los diferentes Tribunales Superiores la supervisión de las medidas adoptadas por los ejecutivos que tienen la responsabilidad de preservar la salud pública en tiempos de pandemia? Y, a más a más, ¿cómo calificar el dejar en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre el contenido de dichas medidas cuando los Superiores las hayan tumbado? Tras año y pico de imposición insoslayable del estado de alarma sin el que no se podía adoptar ninguna medida –o esa era la versión establecida por el propio Gobierno español y los jueces–, ¿qué broma es esta? ¿Ahora resulta que se puede limitar la movilidad o el estar con quien te parezca sin estado de alarma?

Pues, mientras escribo esto se acaba de conocer el auto del magistrado Garrido, el del “No Nore Lockdown” de Van Morrison: no a las medidas que proponía un Gobierno Vasco que tiene que gestionar una incidencia acumulada de 462 casos por 100.000 habitantes. Conociendo los antecedentes, era previsible. Y ha quedado en evidencia la insustancialidad del gobierno español, que ha generado, además, la sensación de que las medidas ya no son necesarias.

La ciudadanía está harta. Harta de no poder salir del pueblo; harta de no poder salir de noche; harta de no poder ir a tal monte, o a surfear, o a Nafarroa. La cuestión es si, a pesar de estar todos hartos –y el primero de todos, el propio lehendakari–, estamos dispuestos a asumir que una sola persona acabe entubada en la UCI porque nos tomemos unos potes cuando todo apunta a que la vacunación va a librarnos del virus en unas semanas. Esa forma de hacer política resulta asombrosa y similar a la de Ayuso. El Gobierno español actúa sobre una premisa que, aunque suene duro, se puede expresar castizamente de esta manera: quitarse el muerto –del hartazgo social– de encima.

Habrá que suponer que la razón para dejar caer el estado de alarma es no perder la temporada turística. Pero, a pesar de que la vacunación avanza en la medida en que lo permiten las dosis recibidas, no es entendible que el Gobierno español se haya zafado del “pequeño problema” de la pandemia montando un cambalache jurídico-político en el que ya nadie reconoce los principios que regían aquello de la separación de poderes, del reparto competencial, ni de nada; y en el que cada cual se ve obligado a hacer de su capa un sayo.

Tan es así que resulta hasta difícil abstraerse del caos de conceptos en el que estamos sumidos y poder seguir reivindicando, de verdad, lo nuestro: el autogobierno de Euskadi. Bajo conceptos tan marrulleros como el de la famosa cogobernanza, este tiempo de pandemia se ha llevado por delante mucho más aún que lo que nos ha quitado el propio virus. A lo mejor es por eso que parece adecuado reivindicar aquellas Bases para un nuevo Estatus que dejamos aprobadas en el Parlamento y que, entre otras muchas cosas, decían esto: “las instituciones vascas tendrán capacidad normativa y ejecutiva para regular y desarrollar los derechos fundamentales, limitando para ello la capacidad de incidencia de la normativa orgánica estatal”. A lo mejor, si nos ponemos a ello, la próxima pandemia nos pilla mejor preparados para autogobernarnos, en lugar de que tener que conformarnos con que “nos cogobiernen”.

Claro que, vista la inteligencia política –entiéndase con mucha ironía– de esa EH Bildu que ha anunciado un debate de reprobación contra la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, no parece probable que la próxima pandemia nos pille mucho mejor pertrechados para hacer frente a la astucia del Gobierno español de turno. Es evidente que las palabras de Maddalen Iriarte están calculadas para cualquier cosa menos para llegar a acuerdos con el PNV. El colmo de la izquierda abertzale –que mira que en su historia ha tenido colmos– es acabar trabando una jugadita de la mano de PP-CS y Vox para seguir dando el turre con aquellas dos vacunas que se pusieron, una cada uno, el de Santa Marina y el de Basurto, y que les costaron el puesto, automáticamente, al uno y al otro.

PP-Cs y Vox no tienen otro afán que importar a Euskadi la política deplorable que se hace en España. Y la estrategia de EH Bildu se le parece tanto que hasta se cogen de la mano. A EH Bildu se le puede definir con una sola palabra: “etxekalte”. Porque quien afirma que “tenemos una de las mayores tasas de mortalidad de Europa” y omite que en todo el entorno, desde Aragón hasta Asturias, pasando por La Rioja y Castilla y León, es bastante mayor –y en Nafarroa, similar–, solo busca manipular a la ciudadanía. Porque quien afirma que “estamos a la cola de la vacunación” cuando Osakidetza ha demostrado que si dispone de vacunas puede administrar más de 200.000 a la semana, y quien no quiere reconocer que nuestro nivel de vacunación está a la par –o incluso supera– a los de Dinamarca, Francia, Italia o Noruega, solo atiende a fines partidistas y mezquinos. Porque quien acusa de mentir mintiendo, se retrata. Visto el panorama, ojalá que Escocia abra camino.