Maria Eugenia Arrizabalaga

23 abe. Y parece que no queramos enterarnos

El martes seguí la vista del Tribunal Supremo contra los políticos catalanes acusados de rebelión por haber organizado el referéndum del 1-O. Terminó con la intervención del abogado de Vox, quien suscribió todas las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El hecho de que Vox suscriba las acusaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado da la medida de lo que está ocurriendo.

Ver al Fiscal Jaime Moreno afirmar que “no todos los actos de ejecución de un delito de rebelión tienen que ser violentos” da la medida de lo que está ocurriendo. Porque no es “que todos los actos de ejecución de un delito de rebelión” deban ser violentos, sino que, según el art. 472 del Código Penal, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Todos fuimos testigos de lo ocurrido en Catalunya en septiembre y octubre de 2017 pero, por mucho que, en todo aquel tiempo, no paramos de mirar hacia Catalunya, no vimos a ninguno de los que hoy son “reos del delito de rebelión” usar violencia, ni instigar violencia, ni aplaudir violencia, ni justificar violencia. De hecho, no vimos nunca ninguna violencia por parte de nadie… salvo, claro, por parte de la Guardia Civil. Sin embargo, no solo Vox, no, también la Fiscalía y las altas instancias de la judicatura española se empeñan en mantener la ficción de la existencia de rebelión para mantener la acusación contra los políticos catalanes, contraviniendo para ello los principios más básicos del Derecho Penal en cualquier Estado de Derecho.

Lo que sí vimos fue democracia: convocar al pueblo para que pudiera votar lo que quisiera: “sí” o… “no” a la independencia de Catalunya. Solo democracia. Los presos políticos que están siendo juzgados y los políticos catalanes exiliados se limitaron a cumplir con lo que prometieron hacer en campaña electoral: convocar un referéndum.

Los acusados son dieciocho, nueve de ellos por supuesta rebelión: Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa. Para ellos, piden entre 16 y 25 años de cárcel. Todos ellos están en prisión preventiva; algunos, desde antes de las pasadas Navidades.

Uno de ellos, Joaquín Forn, conseller de Seguridad, ha dejado dicho este pasado miércoles en el “The national” de Escocia que “el hecho de que en Europa, en el siglo XXI, se esté hablando de los políticos exiliados y encarcelados, tendría que preocupar a los Estados y ciudadanos europeos”. Efectivamente, tendría que preocupar. Y nos tendría que preocupar mucho a los vascos. Y a las vascas.

De hecho, todo lo que está ocurriendo con Catalunya nos tendría que preocupar, y mucho, porque nos está dando la medida de la nula calidad de la democracia del Estado español. El “frente judicial” contra el Procéscatalán no es más que la correa de transmisión de los otros dos frentes, el político y el mediático, que no dan tregua, y se resume en el titular de un artículo del “Neve Zürcher Zeitung” de Zurich: “Los jueces españoles bailan al ritmo de la política”. ¿Quién puede ponerlo en duda una vez conocido el whatsapp de Cosidó?

Turull, Sánchez, Rull y Forn han estado en huelga de hambre. A los diecisiete días de iniciarla -el pasado miércoles-, enviaron una carta a todos los presidentes de Estado de la Unión Europea. En dicha carta, denunciaban sufrir “un proceso judicial que evidencia la vulneración muy severa” de sus derechos  fundamentales y “el bloqueo” al que les ha sometido el Tribunal Constitucional durante más de un año al impedirles que pudieran acudir al Tribunal de Justicia Europeo. Finalmente, parece que el Constitucional “ha  abierto  el  cajón donde nuestros escritos de amparo habían sido condenados al olvido” y los cuatro presos políticos han abandonado la huelga.

Cuatro presos políticos han estado casi tres semanas en huelga de hambre porque nada menos que el Tribunal Constitucional ha jugado con sus derechos fundamentales, y al Presidente del Gobierno, Sánchez, del PSOE, mientras se tomaba “la copa de Navidad” con periodistas, no se le ocurrió otra que hacer un chiste de los independentistas catalanes, diciendo que “no se ponen de acuerdo ni para hacerla”.

Estamos siendo testigos de todo lo referido –y de mucho más- y apenas reaccionamos. En el Estado del que, querámoslo o no, formamos parte, se está arrollando el Estado de Derecho y parece que no queramos enterarnos.

¿Qué es todo lo que se le ha ocurrido a Sánchez para intentar solucionar lo que es un tema exclusivamente político? Convocar un Consejo de Ministros en Barcelona, queriendo demostrar, como ha dicho su vicepresidenta Calvo, que “el Gobierno de España va a España, que es Cataluña”. ¿Qué es lo que ha conseguido Sánchez? Caldear el ambiente y azuzar el que, a pesar de los llamamientos de los líderes independentistas a que las protestas fueran pacíficas, se hayan visto encapuchados armando follón para provecho de PP, C’s y Vox –lo cual plantea, por cierto, un abanico de posibilidades sobre quiénes hayan podido  esconderse tras las capuchas, por aquello del cui prodest-.

Sánchez se empeña en proyectar eso que su Ministro Borrell llamó el día pasado “la política del ibuprofeno”, haciendo llamamientos a la moderación y a la serenidad, sin mayores propuestas ni compromisos concretos, salvo el gesto de rechazo del consejo de guerra a Companys.

Y al único que parece que le sirve de algo dicha “política del ibuprofeno” es a Casado, que la aprovecha para acusar a Sánchez de “avalar la deriva separatista”. Hasta ese punto llega el histrionismo en la política española. Ciudadanos y el PP exigen “suspender la autonomía catalana”, aplicar un 155 salvaje que deje en manos del Gobierno español el nombramiento de la Generalitat o, como poco, desposeer al Govern del mando de los Mossos –o de lo que haga falta-. También es cierto que algunos de los llamados barones del PSOE -como Lambán, presidente de Aragón, y García-Page, de Castilla-La Mancha-  le sirven el discurso en bandeja a Casado cuando se erigen en defensores de las esencias españolas y abogan, por la ilegalización de partidos con ideario independentista.

Para trufar aún más la histeria en la política española, el PP de Casado parece que quiere evitar el traspaso de votos a Vox a golpe de insultos y exabruptos contra el President Torra, mintiendo sobre lo que Torra nunca ha dicho en sus artículos, diciendo de él que está tan “tremendamente desequilibrado que pide un derrame de sangre apelando a la vía eslovena” y que está “haciendo llamamientos a la guerra civil”. Cuando escucho barbaridades semejantes no sé si me preocupa más la carga de cinismo que demuestran o el cálculo que “el Casado de turno” –porque hay otros- y sus asesores pueden estar haciendo de la capacidad que tienen de manipular la opinión pública. Dicho de otra manera: ¿cómo puede haber gente dispuesta a dar por buenos semejantes disparates?

El caso es que la famosa “vía eslovena” a la que aludió Torra ha dado pábulo a todo tipo de sinsentidos en boca de opinadores, medios y, lo que es peor, de políticos a los cuales se les debiera suponer cierto nivel de conocimientos. Todos sabemos, también Torra –no lo dudo-, de los desastres de las guerras de los Balcanes. Pero ninguno, insisto, ninguno, de los políticos españoles que aluden al fantasma de aquella guerra mencionan, siquiera de pasada, que quien originó aquellas guerras -desde luego, en gran medida- fue Serbia y su afán por mantener unidas bajo su dominio, todas las naciones de la antigua Yugoslavia.

Lo cual me plantea dos preguntas consecutivas: ¿la conclusión es que para evitar la guerra lo mejor era que eslovenos, croatas, macedonios, bosnios y kosovares hubieran seguido juntos bajo el dominio de Serbia? ¿No es mucho más moderna y democrática la conclusión de que si eslovenos, macedonios, croatas, bosnios y kosovares querían vivir por sus fueros se les tenía que haber permitido hacerlo?

Desde luego, parece mucho más civilizado y más democrático que el pueblo –no “la pandilla independentista”, como ha  dicho Pedro Sánchez- responda en un referéndum.