Maria Eugenia Arrizabalaga

23 may. INCRIMINA, QUE ALGO QUEDA

El juzgado de Tolosa acaba de archivar, definitivamente, la segunda de las dos causas abiertas contra la adecuación de las pistas de Aralar que facilitan el acceso de los pastores a sus bordas. Los grupos ecologistas Eguzki y Landarlan interpusieron sendas denuncias, en 2016 y en 2018, contra concejales y alcaldes de los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad de Enirio-Aralar y contra responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa; les acusaban de contravenir la normativa urbanística y medioambiental. Ya son firmes las dos sentencias que no aprecian delito en ninguno de los casos. Al contrario, avalan que las decisiones adoptadas se ajustaron a la legalidad y a un procedimiento adecuado durante todo el proceso de tramitación. No podemos menos que felicitar a los absueltos y alegrarnos por la tranquilidad que las sentencias han devuelto a sus casas.

El pasado marzo, y a raíz de la primera de las sentencias absolutorias, Aitor Aldasoro, miembro de la ejecutiva del PNV de Gipuzkoa, publicó un artículo titulado “En contra de judicializar la política”, en el que hacía dos preguntas muy pertinentes: una genérica y otra concreta. La primera era “¿qué está pasando últimamente en la política vasca para que temas estrictamente políticos o administrativos terminen en los juzgados?”. Y en la segunda, concretaba la referencia: “¿por qué la izquierda abertzale ha decidido llevar ante el juez todas aquellas cuestiones que no se hacen como ellos quieren?”. Eguzki y Landarlan respondieron con dureza al artículo: negaron tener relación con la izquierda abertzale y consideraron “una manipulación” sugerir lo contrario.

Con lo de Aralar ha ocurrido lo de siempre: se empieza caldeando el ambiente –y todos conocemos la especial habilidad que tiene EH Bildu en estos cometidos–, se polarizan las posiciones, se traslada la polémica a las instituciones, se activan las redes y los medios de comunicación, se ponen carteles… y la cosa acaba en la fiscalía y/o en tribunales. Después, tras largos años de señalamiento y sufrimiento, pueden ocurrir dos cosas: o que la sentencia sea condenatoria –y quienes lideraron la oposición la exhibirán como un triunfo político–; o, como ha sido el caso, que la resolución judicial confirme la legalidad de lo actuado. En este caso, pelillos a la mar y nunca más se supo. Hay que reconocer que para jugar a este juego hay que ser de una “pasta” especial.

Y el de las pistas de Aralar no es el único ejemplo. De hecho, el más paradigmático es el de la planta de valorización de Zubieta. Durante años y años de polémica política infundada –o, mejor dicho, fundada en premisas falsas y alarmistas–, se han interpuesto sucesivos recursos contra cada uno de los trámites que las instituciones gipuzkoanas han realizado para su construcción. Las mancomunidades regidas por EH Bildu han porfiado en la judicialización de todo lo referente a la incineradora. Y, desde luego, el empeño de la asociación GuraSOS ha sido digno de mejor causa, con docenas de recursos interpuestos y todos, hasta hoy, perdidos. Hasta el punto de que el pasado marzo, la fiscalía dio carpetazo a la última denuncia –por el momento, a saber si habrá más– presentada por la plataforma anti-incineración, en la que acusaba nada menos que de quince delitos a los responsables institucionales de la planta, y llegaba a señalar supuestas responsabilidades penales contra trabajadoras del Consorcio de Residuos.

En una comparecencia en Juntas Generales, el Diputado Foral de Medio Ambiente puso en evidencia, con fechas y datos, la estrategia acompasada de las mancomunidades de EH Bildu, que culminó con la mencionada poli-denuncia de GuraSOS. Ante la evidencia de una estrategia diseñada al alimón, EH Bildu escenificó indignación y sus junteros se levantaron de la comisión. El hecho es que si la fiscalía hubiera aceptado una sola de las quince imputaciones que solicitaba GuraSOS, EH Bildu habría convocado una rueda de prensa de inmediato. Ante estos hechos, las Juntas Generales aprobaron una dura resolución en la que denunciaban la estrategia “obstruccionista y contumaz” de GuraSOS, y advertían “de los efectos perjudiciales que puede tener sobre la credibilidad de la política y sobre el bien común” el elevar a tribunales “sistemáticamente, con intereses partidistas”, los acuerdos democráticos y legítimos de las instituciones. La mezquina política del “incrimina, que algo queda”.

Pero no siempre se requieren intermediarios para judicializar la política. Todavía recordamos aquella pancarta acusadora que sostenía Joseba Permach a la puerta del Juzgado de Azpeitia en vísperas de las elecciones forales de 2015, cuando fue a hacer campaña con “el caso Bidegi” –que, por cierto, sigue en el juzgado seis años después, y ya son media docena los jueces que han ido pasando sin que el proceso avance–. Tampoco olvidamos la denuncia que la derecha navarra interpuso contra Manu Ayerdi. UPN denunció una subvención pública a un proyecto industrial que había resultado fallido, obviando que ni la comisión de investigación parlamentaria ni la propia Cámara de Comptos habían visto irregularidad alguna. Logró que el Tribunal Supremo abriera diligencias y así, obligó a dimitir al consejero de Desarrollo Económico del PNV, además de contribuir a enfangar la política, claro. Ninguno de los casos tiene causa pero es verdad que, visto lo visto últimamente, cualquiera se fía. Basta fijarse en lo que está pasando con los peajes de la N-1: los tribunales españoles están empecinados en ver una discriminación que la propia Comisión Europea no ve. A veces las sentencias se avienen a la lógica prevista pero otras veces deparan desagradables sorpresas.

¿Quiere eso decir que los tribunales y los jueces no son necesarios? No, en absoluto. Todo sistema democrático requiere de un control independiente que haga prevalecer la legalidad. Del mismo modo que todos los cargos públicos, responsables institucionales y funcionarios deben actuar con total diligencia, y velar por los intereses generales con honestidad. Y si no, los Tribunales están para hacer cumplir las leyes y para castigar a quien las haya incumplido. Pero una cosa es la fiscalización del cumplimiento de la legalidad y otra distinta utilizar la estrategia de acudir a fiscalía y presentar demandas, querellas o denuncias, con el único fin de obtener réditos partidistas, y si suena la flauta, fenómeno, y si no, pues ya se han conseguido titulares. Y, del mismo modo, una cosa es velar por el cumplimiento de la legalidad y otra distinta, reinterpretar el margen de actuación de las instituciones vascas con una determinada visión que establece la prevalencia difusa de lo que los tribunales consideran “principios constitucionales”.

Un ejemplo especialmente grave: lo ocurrido con la sentencia del TSJPV que anula el requisito de saber euskara para ser funcionario en Irun. Aquí no estamos ante un recurso interpuesto por un partido político, ni siquiera por una asociación, sino que un abogado ha decidido recurrir los perfiles lingüísticos que exige el Ayuntamiento de Irun a sus policías municipales. El recurso defiende que toda la legislación vasca que da cobertura a los procesos de normalización del euskara y que garantiza los derechos lingüísticos de los vascos y vascas para dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales vulnera la Constitución Española. Es decir, entiende que el derecho a comunicarse con la administración… en euskara vulnera la CE porque, por supuesto, el castellano jamás vulnera nada ya que es el corazón mismo de la CE. Y el TSJPV le ha dado la razón: ha anulado los perfiles requeridos a doce policías, argumentando que “es suficiente” con que uno de cada dos sepa euskara. Según el TSJPV, el derecho prioritario que se debe proteger es el de quien quiera ser municipal sin saber euskara, no el de quien quiera comunicarse en euskara con un municipal.

Evidentemente, estamos ante una sentencia basada en una determinada visión ideológica que, a los efectos, nos convierte a los euskaldunes que queremos hablar euskera en Euskal Herria en ciudadanos/as de segunda. Es una sentencia que se carga de un plumazo toda la lógica de la arquitectura normativa para la normalización del uso del euskera; una arquitectura construida con amplio consenso democrático, durante cuatro décadas. Y es una sentencia que nos advierte que las competencias de las instituciones vascas penden de un hilo y ese hilo lo puede cortar un juez. Y eso, a pesar de las leyes, porque bastará que un juez entienda que prevalece su interpretación de la Constitución.

La judicialización de la política es un fenómeno creciente que puede tener efectos –de hecho ya los tiene– cuando erosiona, en una forma acaso no demasiado evidente para gran parte de la ciudadanía, el mandato democrático sobre el que se sustenta la legitimidad de la actuación política. Pero el hecho de que esa erosión no sea demasiado evidente no resta gravedad al hecho en si  porque, de facto, se está socavando la propia democracia.