Maria Eugenia Arrizabalaga

10 ots. La democracia a juicio

El anuncio de que el Gobierno del Estado aceptaba la figura, nada bien definida, de un “relator” o “notario –no es fácil atenerse a la definición de la figura- para ser testigo de lo que pudiera suceder en una mesa de diálogo –tampoco claramente definida- entre Catalunya y el Estado, ha abierto la caja de los truenos. Las descalificaciones de la derecha tripartita española contra Pedro Sánchez están siendo tan absurdamente exageradas que han superado en mucho la definición de grotescas.

Pero todo es un juego de apariencias y de intereses cruzados: el miércoles, precisamente el día en que se armó la marimorena, ironías del destino, tuvimos noticia del “Manual de resistencia” firmado por Sánchez. Y, muy probablemente, en esas andaba el presidente español: intentando resistir mediante la oferta de un diálogo a los catalanes que le sirviera para librar el Presupuesto con el que poder llegar a fin de legislatura.

Por su parte, la derecha, una y trina, con su escalada de exabruptos, pretende sacar tajada defendiendo la unidad de España a todo trapo rojigualdo, acusando a Sánchez de felón y traidor y de vender y romper España, cosa muy improbable: salvo que hayan perdido la memoria recordarán que hace no mucho apoyó el 155. Podemos intuir que la aplicación del mencionado “Manual de resistencia”, en lo que se refiere a Catalunya, consiste en eso que Borrell llamó “la política del ibuprofeno”, es decir, hacer lo que llaman “gestos” tratando de tejer una red de medidas capilares, por si cuelan.

Me da la impresión de que la oferta de diálogo de Sánchez, en todo caso, no hubiera ido nunca más allá de aquella propuesta difusa que lanzó en septiembre por la que proponía “un referéndum” pero solo para aprobar otro Estatuto, como si se pudiera dar marcha atrás al tiempo y volver a aquel 2006 en el que se votó un Estatut “cepillado” por el propio PSOE en el Congreso y que fue posteriormente recortado por el Tribunal Constitucional a instancias del PP: el detonante de todo lo ocurrido. Propuesta que, por otra parte, que los independentistas nunca han tomado en consideración.

El diálogo que podría dar vías de solución a la actual situación debiera ser sincero y valiente. Tomando una cita de una carta pastoral del Obispo José María Setién, el diálogo debería “nacer del convencimiento de que en la búsqueda de las soluciones más adecuadas ha de respetarse la voluntad popular y el clima de libertad necesaria para que pueda expresarse”. Ese es el fondo de la cuestión, y lo que reclaman los partidos soberanistas: que se dé cauce al derecho de autodeterminación de la nación catalana, para que sea su ejercicio –la expresión libre de la voluntad popular- el que dirima el conflicto político.

No se antojaba probable que Sánchez estuviera por la labor del reconocimiento del sujeto político catalán ni, por lo tanto, de que el principio democrático asiste al pueblo de Catalunya. No creo que al transigir en aceptar el relator pensara que éste fuera a tener excesivo trabajo en levantar el acta de la aceptación por parte del Gobierno español de un ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación que reclaman, con toda lógica democrática, los soberanistas catalanes. Mucho más probablemente, pensaba en sus presupuestos. O, peor, como ha sugerido el consejero Alfredo Retortillo, en que “si al final hay que intervenir la autonomía catalana”, hacerlo “cargado de razones”. Aviso a navegantes, no solo para los catalanes, también para nosotros.

Hasta ahora los gestos de Sánchez se habían limitado a las reuniones bilaterales con el Govern, a retirar del TC un par de recursos contra leyes catalanas y a un incremento del 5% en la inversión para Catalunya en los Presupuestos. No era lógico pensar que el soberanismo catalán se fuera a conformar con la retirada de recursos de inconstitucionalidad cuando lo que pretende es que sus leyes dejen de estar continuamente amenazadas por la injerencia del Gobierno español de turno y las sentencias del Constitucional, ni que un 5% más de inversión les resulte políticamente muy motivador.

Y mucho menos en un momento en el que la maquinaria judicial española se prepara para juzgar, bajo acusación de rebelión y sedición, a doce líderes independentistas catalanes, secuestrados durante mucho tiempo en prisión preventiva. A este respecto quisiera trasladar la opinión de Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. Preguntado sobre si cree que hay delito de rebelión o de sedición responde tajante, “en absoluto”; y preguntado sobre la prisión preventiva afirma, “creo que hay unanimidad entre los juristas sobre que, con la ley española en la mano, la prisión no cabe”.

Sin embargo, Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, afirma en un artículo publicado este jueves que el juicio es no solo “inevitable”, sino “necesario porque los delitos fueron graves”.  Supongo que el eurodiputado acepta sin problemas no solo las acusaciones, sino las culpas. Añade que “nada ni nadie va a alterar la independencia judicial del Tribunal Supremo” y nos insta a “olvidarnos, afortunadamente” de “cualquier especulación sobre gestos del Gobierno” referentes al juicio, tal y como le vienen exigiendo a Sánchez desde Catalunya.

Coincido con Jáuregui en dos cosas: una, el Gobierno de Sánchez no va a hacer nada para impedir el despropósito que supone el proceso judicial contra los independentistas catalanes cuyo único delito fue el de cumplir con el programa por el que fueron democráticamente elegidos para dar voz y voto a la ciudadanía; y, dos, visto lo visto, el juicio es inevitable. Ahora bien, discrepo en todo lo demás: el juicio no es que sea innecesario, es un atropello contra Catalunya y contra sus derechos políticos, contra las libertades y derechos básicos de los acusados, contra la política y la convivencia y contra la misma democracia. Y discrepo radicalmente de la supuesta “independencia judicial del Tribunal Supremo” ante un proceso que tiene, desde el mismo momento en que se inició su instrucción, una sola característica: ser descaradamente político. Existe una prueba de cargo para mi afirmación, el whatsapp de Cosidó: “Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda.”

También coincido con Jáuregui en que el juicio va a poner al Estado español “en el escaparate internacional”. De hecho, ya lo está. Valga como ejemplo el editorial de The Times, sobre “El juicio de los 12 catalanes: Inquisición Española”. De ahí que Moncloa haya activado un plan de propaganda internacional para intentar lavar la cara a una democracia española cuya baja calidad es manifiesta. Las imágenes de policías aporreando a ciudadanos durante el 1-O dejaron en evidencia al Estado, y el proceso, político, contra los presos, políticos, catalanes por aquella convocatoria no hace más que remachar esa evidencia.

Otra cosa es la actitud de una Unión Europea que se ha acomodado en lo que  Iñigo Bullain define como “la divisa tecnocrática de “comodité, tranquilité, frivolité”: el magistrado Llarena y la justicia española se toparon con la justicia de Alemania, Bélgica y Escocia, que pusieron en evidencia las reclamaciones del famoso juez del Supremo, pero Europa parece no sentir ni padecer lo que ocurre en el Estado de puertas adentro. A pesar de ello, se oyen voces discordantes con la anuencia silenciosa de la UE, como la de Ivo Vajgl, eurodiputado esloveno de ALDE: “las instituciones de la Unión tendrían que hablar fuerte y decir claramente al gobierno español, tal y como le ha dicho a Polonia y a Hungría, que el juicio está fuera de los estándares y de los valores democráticos compartidos”. Un buen llamamiento, porque recuerdo que Xabier Arzalluz solía decir que el estar en Europa nos había protegido de los militares, pero ahora Europa no parece dispuesta a protegernos de la arbitrariedad de los Poderes del Estado. Y es que con este juicio contra los independentistas catalanes también quedan cuestionadas las garantías democráticas de toda la ciudadanía.